La cartera laboral liderada por Walter Correa intervino en el conflicto. El sindicato pide la ocupación temporánea contemplada en la ley 24.499.

La medida, tal como indica la ley, implica retrotraer las condiciones a la situación previa al conflicto y abrir una negociación entre las partes bajo la tutela del organismo laboral. En este caso hubiera correspondido dejar sin efecto los despidos y poner en funcionamiento la empresa.
Sin embargo, durante el período mencionado, la patronal a pesar de haber anunciado públicamente su disposición a acatar la medida, en nombre de la ocupación del establecimiento dilató la puesta en marcha de las máquinas y el proceso productivo. Además decidió de manera ilegal no depositar los haberes de los 920 trabajadores despedidos que hubieran correspondido a la segunda quincena del mes de febrero.
El vencimiento del recurso, por otro lado, se produjo sin avance alguno en lo que hace a la negociación entre las partes y dejaba al sindicato en una posición compleja desde el punto de vista de su posibilidad de realizar medidas capaces de alterar el curso de los acontecimientos.
Por eso, la parte gremial vivió con cierto alivio la decisión del ministerio de Trabajo bonaerense de dictar una conciliación obligatoria propia, una vez vencida la nacional, para intentar viabilizar una negociación a escala provincial. Para la cartera laboral liderada por el dirigente de los curtidores Walter Correa, se trata de “un conflicto de “extrema gravedad”.
Es que además y en paralelo, los trabajadores y su sindicato elaboraron un proyecto de ley para que la legislatura bonaerense establezca la ocupación temporal del establecimiento y la puesta del mismo bajo control de un directorio electo por las autoridades provinciales.
La medida esta contemplada en la ley 21.499 de expropiaciones que en su título IX indica la posibilidad de apelar al recurso de la “ocupación temporánea” de una empresa “por razones de utilidad pública” por un período de hasta dos años. Se trata de un estadio de transición que no implica la expropiación misma del bien ni conlleva indemnización a los propietarios.
Alejandro Crespo, titular del SUTNA, señaló a Tiempo que “los compañeros se manifestaron en las calles de la Plata y recibieron el apoyo de los vecinos”. A la vez, indicó “en la cámara de diputados nos recibieron cuatro bloques diferentes (la UCR, Unión por la Patria, Unidad Cívica y el Frente de Izquierda). Recibieron la información del proyecto de ley y quedamos que el miércoles próximo con los abogados para ver si podemos buscarle una forma de viabilidad. Siempre y cuando haya voluntad política la iniciativa puede avanzar. Ese día nos reunimos también con los Senadores de UxP que tienen mayoría”.
Para Crespo, El conflicto terminó una etapa manejada por Nación en la que hubo solo dos audiencias. Una para anunciar la conciliación y la segunda donde la empresa solo denunció que estábamos dentro de la planta usurpando. Los jueces de San Isidro luego sentenciaron que era una acción gremial legítima. De parte del gobierno solo hubo una frase diciendo que se iban a poner multas pero por el momento y no tenemos novedades de las multas ni de los sueldos”.
Un conflicto emblemático de la etapa que pone a prueba en primer lugar a los trabajadores y sus organizaciones pero también a todas las fuerzas políticas.
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