La presidenta encargada impulsa un proyecto de ley para liberar presos políticos y clausurar el centro de detención, en un intento por desactivar la crisis bajo la sombra de la intervención externa.
Este anuncio se produce en un contexto de extrema fragilidad institucional, marcado por la intervención directa de la administración de Donald Trump en la región y el reciente secuestro de Nicolás Maduro, hechos que han reconfigurado el tablero de poder en Caracas. Rodríguez sostuvo que la iniciativa, conversada previamente con Maduro, tiene como fin «favorecer la convivencia» y evitar espirales de venganza.
Sin embargo, el alcance real de la medida genera escepticismo entre los defensores de Derechos Humanos. Mientras el oficialismo reporta más de 600 liberaciones, las organizaciones civiles verifican cifras sensiblemente menores y denuncian que las excarcelaciones actuales mantienen restricciones graves, como la prohibición de salida del país.
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