Esa parece ser la respuesta a la demanda de la alta comisionada para los DD HH de la ONU, Michelle Bachelet, quien solicitó que sean atenuadas o suspendidas las sanciones económicas a países como Venezuela, Irán, Cuba o Corea del Norte, Siria en este período, «tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países».
Aun así, el fiscal general de EE UU, William Barr, anunció cargos penales contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela, además del presidente Nicolás Maduro y del titular de la Asamblea, Diosdado Cabello, por narcotráfico, y fijó la recompensa de $ 15 millones por la ayuda en la captura. Una acción sin precedentes. Desde el decreto de Obama en 2014 que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad interna de EE UU, no se había realizado una acción legal tan contundente para emprender una operación militar.
El presidente del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz en Venezuela (COSI), el exparlamentario Carolus Wimmer, advierte: “Hacer esta acusación en un momento tan delicado como este, busca la fractura de la FANB y es prácticamente un llamado al magnicidio”. Aunque muchos analistas comparan la situación actual de Maduro con la del general panameño Manuel Noriega, derrocado por una invasión militar yanqui tras declararlo como narcotraficante en los ’80, el presidente venezolano consideró la medida de Trump como una acción extravagante y extremista del estadounidense, “que se comporta como un cowboy racista al ponerle precio a la cabeza de un grupo de revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlo y a derrotarlo”. Y luego resaltó: “Trump maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. Aquí estamos preparados para lo que sea, no individualmente, sino como pueblo. Tenemos planes para todos los escenarios y si el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreven a agredirnos, verán la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ellos. No toquen al pueblo de Bolívar.”.
Justo en la víspera de las acusaciones, el gobierno y amplios sectores de la oposición venezolana, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, hablaron de entablar un diálogo para dejar a un lado las diferencias y unir esfuerzos para combatir el coronavirus. Maduro reiteró que está dispuesto a reunirse y dijo que solicitó al nuncio apostólico la sede para un Encuentro Político por la Paz con todos los sectores de la oposición. Se entiende que en el diálogo no participaría Juan Guaidó, quien celebró la imposición de cargos contra Maduro y fue acusado por la fiscalía venezolana de impulsar un golpe de Estado con el apoyo de Washington desde Colombia. Guaidó considera que este es el momento de derrocar al gobierno para administrar los fondos de la posible ayuda internacional por la pandemia del coronavirus. Hay graves acusaciones del desvío de fondos entregados como ayuda humanitaria para Guaidó el año pasado. Esto llevó a la fractura del frágil respaldo del autoproclamado presidente. «
