Es el caso de Orlando Figuer. Maduro exige que Sánchez entregue a los responsables del ataque, vinculados a la oposición y refugiados en Madrid.

La fiscalía ordenó además el arresto de cuatro personas, supuestamente vinculadas. «Tras una revisión exhaustiva en la causa, determinó que previo al hecho, la víctima había tenido también altercados previos con personas que estaban en esa zona cometiendo actos delictivos», dijo Saab, en una conferencia de prensa el miércoles. «Hemos solicitado nuevas órdenes de aprehensión» contra Ángel Sucre, Kleiver Hernández, Yuber Rodríguez y Elio Carrasquel», precisó.
Hay una quinta persona, alias «El Malandrín», que está en proceso de identificación y que fue «señalado por la víctima como una de las personas que le propinó una puñalada que luego le causaron la muerte», dijo el fiscal.
El horroroso crimen contra Figueras fue visto en todo el mundo a través de una filmación con celular. El joven moreno fue apuñalado, rociado con gasolina y prendido fuego, sin que pudiera evitar el ataque ni apenas defenderse. Sufrió quemaduras en 80% del cuerpo y murió en la madrugada en un hospital. El gobierno asegura que fue linchado tras ser señalado de chavista y califica el hecho como «crimen de odio».
Por su parte, Franchini llegó a ser arrestado en España por una alerta roja de Interpol y después de aprobada su extradición, fue introducido un recurso de súplica para revertirla por temor a que se le violaran sus derechos humanos, explicó Saab.
«¡¿Y los derechos humanos de Orlando Figuera?, pregunto yo. Asesinado vivo, agonizó un mes!», expresó Saab. «Esperamos que haya un momento de conciencia, de reflexión tanto de las autoridades políticas del Reino de España como de las autoridades judiciales, y que entiendan que esto no puede olvidarse, que no hay perdón ni olvido».
Por aquellos días, la oposición había organizado jornadas de protestas intensas que canalizaban el descontento de la población producto del desabastecimiento y la inflación. Las manifestaciones se extendieron por semanas, con escenas de violencia callejera y represión policial, y hubo más de 120 muertos. El proceso concluyó en el desconocimiento de la vigencia del estado de derecho, de parte de la oposición, y su retiro de la contienda electoral siguiente, lo que culminó en la reelección de Maduro en 2018, no reconocida por los opositores y algunos países centrales.
Las tensiones con España y Europa pueden impactar en las elecciones del próximo 28 de julio, en que Maduro busca una nueva reelección, y se suma a la discusión con la Unión Europea sobre la veeduría electoral, que Venezuela canceló luego de que el bloque ratificara sanciones a altos dirigentes del gobierno, aunque exluyó de esas medidas al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, quien consideró no obstante, que «sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela».
Además de a la UE, Caracas invitó en marzo al Centro Carter, los BRICS y la Unión Africana para observar los comicios, en que Maduro enfrentará entre otros a Edmundo González Urrutia, designado por la principal alianza opositora en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, descartó romper relaciones con Venezuela por las declaraciones del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, que atribuyó a «funcionarios de Inteligencia chilenos» la muerte en territorio chileno del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
Saab presentó el miércoles una «nueva línea de investigación» sobre el asesinato en Chile de un militar disidente del gobierno de Nicolás Maduro, al tachar el hecho de un «falso positivo» con supuesta participación de agentes de seguridad chilenos.
Ronald Ojeda, de 32 años y militar retirado del Ejército de Venezuela, fue secuestrado el 21 de febrero por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior de su departamento. Nueve días después, fue hallado muerto dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada de la capital chilena, Santiago.
La acusación motivó al presidente chileno Gabriel Boric a pedir a su ministro de Exteriores, Alberto van Klaveren, la presentación de «una nota de protesta como corresponde a los canales diplomáticos».
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