Vía libre a la trata: se redujo a un tercio la cantidad de víctimas rescatadas

Entre tantas subas –tarifas, dólar, desempleo, nafta–, el gobierno de Mauricio Macri logró bajar una cifra: la de víctimas de trata rescatadas. De acuerdo a los datos proporcionados por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y que fueron leídos por el jefe de Gabinete Marcos Peña la semana pasada en el Senado, en el año 2016 se rescataron 666 personas –apenas un tercio de las que lograron escapar de la trata en 2015 y 2014–, mientras que en el primer trimestre de 2017 fueron solo 143, lo que también daría una proyección a la baja. Entre los principales argumentos que explican esta merma destaca la disolución, a través de un decreto presidencial, del único organismo de inspección y denuncia en el campo que permitió en el pasado reciente encontrar a centenares de trabajadores en condiciones cercanas a la esclavitud.

Según el informe presentado por Peña, el total de víctimas rescatadas desde enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2017 asciende a 4729. Las cifras detallan que en 2015 fueron 2110, y 1810 el año anterior.

«En los dos últimos años hubo un número muy bajo de víctimas rescatadas, porque no hubo investigaciones en zonas rurales. En un taller clandestino o en un prostíbulo, podés rescatar, como mucho, a diez víctimas, pero en un campo estamos hablando de 400 trabajadores explotados. Y en esto tuvo que ver la disolución del Renatea», remarca Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate.

El 14 de septiembre de 2016 apareció publicado en el Boletín Oficial la disolución del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y la vuelta del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), institución manejada por el recientemente fallecido Gerónimo «Momo» Venegas, quien era titular del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el sindicalista favorito de Macri.

El Renatea había sido creado en enero de 2012 como complemento del Estatuto del Peón Rural, y tenía como objetivo ampliar los derechos de los trabajadores rurales, estableciendo, por ejemplo, la jornada de trabajo de ocho horas. En los cuatro años en los que funcionó el organismo, registró a 154 mil trabajadores, dio unas 15 mil coberturas por desempleo y protección a víctimas de trata de personas, abrió 260 puntos de alfabetización y brindó talleres a los trabajadores migrantes sobre sus derechos. El organismo hizo también operativos de fiscalización que permitieron hallar trabajadores rurales en condiciones de explotación laboral.

Pero el gobierno de Cambiemos necesitó de un aliado para favorecer los intereses de Venegas. A finales de 2015, la Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo que declaraba inconstitucional la creación del Renatea y dejó el camino libre para devolverle al Renatre la regulación del sector.

«Siempre soy muy crítica del Poder Judicial –dice Gatti–, porque no se acerca demasiado a las víctimas, es más, ha sido el gran obstáculo para el rescate. Las denuncias a la línea 145 aumentaron, y sin embargo hay menos investigaciones, y las que hay no son complejas ni llegan al fondo de la cuestión. Solo meten preso al portero o a la chica que atiende la barra en el prostíbulo, pero jamás siguen la ruta del dinero. Evidentemente, detrás de cada caso de explotación existe alguien poderoso, y es tarea del Poder Judicial saber quién es».

Marketing

«Nosotros recibimos cada vez más denuncias a la línea 145, pero a través de ese medio es difícil recibir denuncias de peones agrarios. Antes se buscaba más en los campos, y la verdad es que la línea 145 no puede suplantar la falta de inspección», reconoce Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). «Antes de 2016 –continúa– había más allanamientos en lugares donde existía explotación laboral, y por eso resultó decisiva la disolución del Renatea, como actor de individualización de peones rurales rayanos en la esclavitud. En términos penales, esto se traducía en denuncias y en órdenes de allanamiento.»

«Cuando trabajamos con el Renatea, se hizo de manera excelente, porque había inspecciones periódicas en los campos y se rescataba a un gran número de víctimas en cada allanamiento», recuerda Mariana Schvartz, del equipo técnico de la fundación María de los Ángeles, fundada por Susana Trimarco, madre de Marita Verón.

Por su parte, Vivian Espejo, quien fuera coordinadora de políticas de inclusión del Renatea, sostiene que todo se trata de una decisión política. «Se desarmó la estructura de fiscalización en los campos para que el peón no tenga dónde ir a denunciar. Nosotros teníamos poder de policía para entrar a los campos y así facilitábamos el acceso a la Justicia. Nos acompañaba la Gendarmería. Pero ahora solo se dedican a reprimir.»

Pero la nula fiscalización en las zonas rurales no sería el único problema. Una fuente del Ministerio de Justicia que pidió reserva también es crítica sobre los números publicados de rescates. «El año pasado –justifica–, por ejemplo, fuimos a un campo y entrevistamos a 500 personas que estaban siendo explotadas, pero no rescatamos a ninguna porque la gestión no quiso. Rescatar es retirar a la persona de esa situación, llevarla a un refugio, meter presos a los responsables, mejorar las condiciones de trabajo en el campo, lograr que los trabajadores cobren sus sueldos en blanco. En definitiva, hacer algo para mejorar las vidas de las personas. Lo correcto en estos casos sería decir que el gobierno asistió a 500 personas. Pero eso no se va a decir nunca. Con la publicación de estos números solo se busca un marketing del rescate”. «