Vía libre al Estado de sitio: Bolivia se encamina a la militarización tras un operativo con un muerto

El intento del gobierno boliviano de quebrar la parálisis del país mediante un denominado «corredor humanitario» derivó el sábado en una jornada de extrema violencia que profundizó la crisis institucional. El operativo, ejecutado de manera conjunta por las fuerzas policiales y militares en la carretera troncal que une La Paz con Oruro, culminó con un tendal de heridos, detenciones y un muerto.

Lejos de cumplir con el objetivo oficial de abastecer a la sede de Gobierno y a la vecina ciudad de El Alto, la intervención estatal generó una reacción en cadena que incrementó los bloqueos a 58 puntos distribuidos en siete departamentos, según los registros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El foco del conflicto se trasladó de inmediato al plano forense e institucional tras la confirmación de la muerte de Víctor Cruz Quispe, un joven comunario que recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en las inmediaciones de la localidad de Vilaque. Aunque en la noche del sábado el vocero presidencial, José Luis Gálvez, desmintió públicamente la existencia de víctimas fatales y aseguró que las fuerzas del orden solo habían empleado gases lacrimógenos, la emisión de un certificado de defunción en el Hospital de Clínicas de La Paz y las posteriores declaraciones de la Fiscalía Departamental terminaron por sepultar la versión oficial. Ante la gravedad de los hechos, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un comunicado conjunto exigiendo una investigación urgente, independiente y transparente.

El operativo civil-militar estuvo comandado en el terreno por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien además es primo hermano del presidente Rodrigo Paz. El convoy gubernamental, integrado por unos 150 vehículos entre camiones, autobuses, tractores y tanques blindados, apenas logró avanzar 50 kilómetros antes de quedar empantanado por la resistencia de los manifestantes, quienes respondieron a las ráfagas de gases con piedras, palos y petardos. La retirada de las fuerzas de seguridad fue caótica: el propio ministro Zamora debió abandonar la zona de conflicto y huir por caminos alternativos luego de denunciar que su comitiva había sido emboscada por los pobladores de la región andina, lo que desató pedidos generalizados de renuncia hacia la conducción del Poder Ejecutivo.

En paralelo al escenario de las rutas, el oficialismo obtuvo un avance clave en el terreno legislativo para endurecer la respuesta estatal frente a la conflictividad social que ya lleva 19 días. El Senado aprobó la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, una normativa sancionada en 2020 que limitaba las facultades presidenciales para decretar medidas extraordinarias. Con un respaldo mayoritario y la sola oposición de tres legisladores ligados al vicepresidente Edmand Lara, la Cámara Alta eliminó el control parlamentario previo y la obligatoriedad de fijar límites temporales a este tipo de decretos. De obtener la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, el presidente Rodrigo Paz contará con el camino liberado para dictar el estado de sitio sin restricciones procedimentales.

Por su parte, el frente político opositor bloqueó cualquier instancia de negociación inmediata con la Casa Grande del Pueblo. El expresidente Evo Morales tildó de «traidores» a los dirigentes sindicales que intentaron tender puentes de diálogo con el Gobierno y aseguró a través de sus redes sociales que al mandatario actual solo le restan dos alternativas: militarizar el territorio o convocar a elecciones anticipadas en un plazo de 90 con el fin de formalizar una transición política. En la misma sintonía, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó la continuidad de las medidas de fuerza y supeditó cualquier tipo de acercamiento a la anulación de la orden de aprehensión que pesa sobre su principal líder, Mario Argollo Mamani.

A pesar del endurecimiento de las posturas políticas, tanto la COB como la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari dieron directivas precisas a sus bases para flexibilizar los retenes y permitir el libre tránsito de ambulancias y suministros médicos, luego de que las autoridades sanitarias denunciaran el fallecimiento de cuatro personas por falta de atención oportuna en las zonas sitiadas. Con la escasez de combustible y alimentos en niveles críticos —paliada parcialmente por una donación de cuatro toneladas de víveres enviada por el gobierno de Perú—, la administración de Rodrigo Paz ensayó una convocatoria tardía al diálogo con los sectores movilizados, mientras la presión del Comité Pro Santa Cruz fija plazos perentorios para que el Estado restablezca el orden por la fuerza antes de que la crisis económica y civil se vuelva irreversible.