Vialidad: Cristina cree que el partido grande se jugará entre la Corte y la reacción popular

El primer objetivo de esta última etapa del juicio Vialidad quedó cumplido. La alta difusión que tuvo la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández dejó el marco perfecto para el siguiente paso de la disputa política que el poder judicial quiere encapsular dentro de sus dispositivos, pero que el kirchnerismo quiere sacar a la calle. Fuentes del Senado confiaron a Tiempo que Cristina sabe que este tribunal ya tiene una condena firmada, y que, si hay posibilidad de algún retroceso, no será en esta instancia sino en la cancha grande: la Corte Suprema. Pero eso, evalúan, ya dependerá de la reacción popular.

Fuentes del Senado explican que Cristina decidió estructurar su argumentación en base al derecho administrativo público y al derecho constitucional, dos aspectos que intencionalmente no fueron abordados por su abogado Carlos Beraldi, para que puedan ser desplegados por la vicepresidenta. En su calidad de abogada eligió la herramienta del derecho administrativo que juzga las acciones políticas para explicar a más de las 80 mil personas que el viernes al mediodía estaban siguiendo el juicio por su canal de YouTube, los elementos básicos del funcionamiento de la cúpula del Estado, como por ejemplo la delegación de los actos administrativos en el jefe de Gabinete, quien es el que legalmente está a cargo de la recaudación y su posterior gasto en la ejecución del presupuesto nacional, por lo que sería imposible desligarlos de esta mentada asociación ilícita, tal como hizo este tribunal que la juzga.

Algo parecido pasa con el segundo eje de su alocución. «Ella ordenó constitucionalmente las sinrazones del juicio hasta llevarlas al paroxismo de invalidar el propio cargo del fiscal Diego Luciani, si se reconoce una asociación ilícita que pone en tela de juicio todos y cada uno de los actos de gobierno de los 12 años kirchneristas», desarrollan. Desde el Instituto Patria analizan que la transmisión en virtual cadena nacional tuvo una audiencia extraordinaria si se cuentan las redes y los canales de aire tradicionales, que duplicaron a los dos medios opositores que apenas pasaron fragmentos: TN y La Nación +. Es que existe la expectativa de generar algún grado de conciencia sobre la falsedad del juicio «agarrado de los pelos» en el que Cristina eligió exponer cada una de sus debilidades. «Hubo impacto muy grande», sintetizaron.

Pero la difusión de lo que pasa dentro de los cubículos judiciales también tiene la meta de mostrar al resto del mundo lo que sucede con una figura política conocida en el hemisferio sur. Tal como caracterizan en el kirchnerismo, este es un juicio cuyos jueces y fiscales juegan al fútbol con Mauricio Macri y lo exhiben en el escudo del mate que sorben durante las audiencias, por lo tanto «estás obligado a sacarlo al mundo sí o sí».

Sin embargo, las esperanzas en que haya alguna morigeración de la pena en esta instancia, son bajas. Alguna condena, tal como ya lo había dicho la propia vicepresidenta, está firmada. Evalúan que la presión social que se pueda ejercer sobre los actuales tres jueces –Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso–, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en esta instancia, es mínima. Y concluyen que, aunque la sentencia se baje de 12 a seis años, incluso sin cumplimiento efectivo, en suspenso hasta que quede firme en una segunda instancia con la Cámara o ya en la Corte Suprema, quedaría cumplido el principal objetivo del poder económico, que es proscribir a Cristina para cualquier cargo público, ya sea la Presidencia o una eventual banca en el Senado.

En el cristinismo más íntimo saben que la cancha grande en la que se juega el último partido es en la Corte Suprema, cuyos cuatro miembros ya retrocedieron una vez en 2017 cuando la sociedad civil les impidió liberar represores. Pero este partido es mucho más grande porque está en juego el tradicional modelo económico argentino, que contiene un sistema de jubilación público y derechos laborales. Es por es que ya se puso en marcha desde las estructuras sindicales y territoriales del pankirchnerismo, un operativo movilizador que incluye desde pequeñas actividades diseminadas en reuniones, actos y plenarios, hasta la organización, otra vez, de una gran marcha para mantener vivo el músculo militante hasta el día de la sentencia, que, especulan, será en diciembre.

Es que la eventual corrida de la cancha de una dirigenta política que representa a un tercio de la población presenta el argumento peligroso de que los líderes no pueden cometer delitos y ser juzgados. Por eso explicaron que el objetivo fue mostrar que no hubo delito, a través de la argumentación que puede llegar a sectores más amplios de los que ya acompañan a Cristina, ese tercio del electorado que tampoco es macrista y que, evalúan, «sufrieron procesos agudos de desinformación».

Sin embargo, reconocen, que esa instancia de difusión ciudadana ya terminó. «Este tribunal no va a abolir su condena, sería el ridículo absoluto. Ahora la gran batalla es política y jurídica y se va a dar en la Corte, y allí no alcanza con Cristina y sus abogados, ahí ya está en manos del pueblo», admiten. «No alcanza con exponer la verdad y confiar la aplicación de las leyes, porque si hay algo que demostró este juicio es que el sistema judicial está patas para arriba. Hay que convocar y salir, después de una evidente pausa reflexiva debido a la conmoción del intento de asesinato, es necesario que se reinicien los procesos de movilización popular para defender la democracia, porque no se altera solo una candidatura sino la solidez del sistema de democrático». Ahora la moneda está en el aire.  «