La intervención y expropiación temporal de la agroexportadora Vicentin, que dispuso el presidente Alberto Fernández mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, generó una nueva señal de largada para Juntos por el Cambio, especialmente dentro de la Cámara de Diputados, donde sus integrantes se dvididían, hasta hace dos semanas, entre un ala dialoguista con el Gobierno en medio de la pandemia y otra más crítica impulsada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Desde diciembre hasta el inicio de la cuarentena, los legisladores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica dentro del Congreso, aseguraban que el futuro de la coalición opositora dependía de los movimientos que adoptara el peronismo desde su regreso al poder. Si había iniciativas moderadas del Ejecutivo, las dificultades para mantener la cohesión de Juntos por el Cambio iba a ser mayor. Pero si sucedía lo contrario quedaba el camino allanado para que la situación fuera reconducida «por los ultras», un grupo menor de diputados y senadores que no comparten el dialoguismo del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con la Casa Rosada.
Hasta fines de mayo, los acuerdos con el oficialismo se circunscribieron a la gestión sanitaria del Estado frente a la pandemia y facilitar la sanción de proyectos de ley vinculados a la emergencia. En Juntos por el Cambio aseguran que ese pacto se hizo pedazos desde la semana pasada en el Senado porque el oficialismo decidió impulsar el tratamiento de diez DNU firmados por el presidente Alberto Fernández y promover la anulación de dos firmados por Mauricio Macri para transferir el aparato de escuchas telefónicas a la Corte Suprema de Justicia. Hasta la semana pasada los senadores de la oposición estaban convencidos de haberse encontrado con el costado más duro del oficialismo y se aprestaban para pelear contra el kirchnerismo como antagonista preferido. Desde este lunes por la tarde esa presunción se terminó de consolidar, aunque el Gobierno resolvió la intervención de la sexta agroexportadora del país porque está al borde de la quiebra y transita un concurso preventivo de acreedores con una deuda cercana a los 1.350 millones de dólares.
La respuesta que pondrá a prueba la alianza opositora será una nueva fuga hacia adelante, similar al llamado a «buscar votos para 2021» que hizo hace dos semanas la exgobernadora bonarense, María Eugenia Vidal, para superar las diferencias internas con una búsqueda común a futuro. En el caso Vicentín, los recursos defensivos que utilizará Juntos por el Cambio le permitirá aglutinar sus fuerzas detrás de un rechazo rotundo a la intervención provisoria que dispuso el Gobierno, sin analizar la situación de la empresa ni el rol que tuvo el expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, en el salvataje que impulsó el banco público para evitar la quiebra. Entre la ayuda de entonces y el concurso de acreedores actual merodean las sospechas sobre la complicidad del economista en la fuga del dinero recibido que hicieron los accionistas de la firma ahora intervenida.
Los detalles de esas decisiones adoptadas con el aval de Macri serán parte de una investigación judicial que iniciará la flamante intervención, pero los escuderos opositores no dirán una palabra al respecto hasta que haya indicios procesales de algún delito, incumplimiento de los deberes de funcionario público o malversación de los fondos prestados por el Estado. Hasta que eso no suceda, la pelea de Juntos por el Cambio será ideológica y retumbará en las paredes del Congreso, pero especialmente del Senado, donde el oficialismo ingresará el DNU cuando haya impuesto su mayoría en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El texto contará con el aval de ese cuerpo y luego pasará a la Cámara Alta donde la vicepresidenta del bloque, Anabel Fernández Sagasti, tendrá dos misiones: defender el DNU y presentar un proyecto para que la expropiación se transforme en ley.
Ambos escenarios aumentan el estado de alerta de los radicales y macristas que tienen pupitre en el Senado. Saben que el oficialismo utilizará su mayoría para avalar el DNU y evitar que la intervención sea anulada. También reconocen que, en caso de que ingrese otro proyecto de expropiación, no podrán frenarlo en el recinto. Por esa razón redoblarán la apuesta en los medios y también en la Justicia para acompañar los posibles planteos que presenten los accionistas desplazados de la firma y los recursos que puedan presentar los escuderos opositores para sostener la inconstitucionalidad de la intervención que dispuso el Presidente.
No es un terreno tan fértil para que Cambiemos pueda extender esa estrategia por fuera de los límites de la alianza opositora. En la Mesa de Enlace y también en distintas cámaras empresarias hay diferencias internas. Cada vez son más los dirigentes agrarios e industriales que consideran inevitable la intervención del Estado en el auxilio de empresas cuando termine la cuarentena.
Es el argumento que sostiene la diputada del FDT Fernanda Vallejos, que diseña un proyecto de ley para que el Estado pueda aportar auxilios económicos y financieros para empresas cuyas cotizaciones en bolsa sigan cayendo estrepitosamente. Transformar esa iniciativa en ley permitiría que el Estado aporte auxilio a cambio de acciones de esas empresas en calidad de garantía. Los títulos podrían ser recomprados al finalizar la crisis y el programa estatal permitiría que esas firmas, consideradas estratégicas, sean compradas a precio vil por fondos extranjeros que aprovechen la baja cotización de esos títulos en medio de la pandemia.
Aunque se trata de una iniciativa que ya se aplica en Estados Unidos y en países de la Unión Europea, los representantes de Juntos por el Cambio ya se habían plantado en pie de guerra ante su esbozo. La intervención de Vicentín terminó de confirmar los espejismos del sector más duro de la alianza opositora, pero sus representantes no tienen otro programa posible para maniobrar ante la crisis que un rechazo ideológico.
En el caso de la agroexportadora no sólo se cocina el rechazo ideologizado a cualquier reconfiguración del Estado frente a la postpandemia. También se prepara una resistencia embrionaria, pero de veloz propagación, para denunciar que el Estado pretende intervenir en el mercado de granos, un punto inaceptable para Cambiemos. Esa fuga hacia adelante le permite a algunos senadores equiparar la medida con la resolución 125 que firmó Cristina Fernández de Kirchner durante su primera presidencia para aumentar las retenciones a las exportaciones del agro.
En la comparación hay más deseos que realidades, pero también un plan de acción que, por fuera de su eficacia, le permitirá a macristas, radicales y lilitos, postergar sus guerras internas y aglutinarse contra su enemigo preferido. Del otro lado, el desafío para el gobierno pasará por un esquema de comunicación que le permita evitar las acusaciones de «venezuelización» y administrar con éxito una empresa en medio de las dudas sobre la capacidad estatal de conducirla. Primeros pantallazos de la primera batalla política de la postpandemia que se avecina.
