Lo dijo el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker. La expulsión de los actuales dueños sería consecuencia de la toma de control de la cerealera por parte de unos 70 acreedores, con créditos a su favor por unos U$S 120 millones.
Con el objetivo de crear una “nueva Vicentin”, el plan de los acreedores propone que los actuales dueños vendan sus acciones y se retiren del directorio. Este alejamiento sería clave para encausar una salida a la malograda firma. La otra opción, señalan, es el desguace.
“Consideramos muy positiva la iniciativa presentada por los propios productores, cooperativas y acopiadores damnificados. La propuesta permitirá recuperar la cerealera santafesina y reducir la millonaria deuda que ese grupo empresario mantiene con las entidades bancarias y el resto de los acreedores”, señaló Hecker.
El presidente del BNA incluyó entre los que aceptan la propuesta de salvataje a los bancos Provincia, Ciudad y Bice. “A pesar de que no existe un pronunciamiento público, la opinión del Banco Nación es compartida por el Banco Provincia, el Ciudad y el BICE que, en todos los casos, sostienen como objetivo la recuperación de los créditos y la reactivación de la actividad productiva”, dijo.
El Banco Nación posee una acreencia de U$S 296 millones mientras que los otros tres bancos públicos agregan otros U$S 31 millones más. La deuda total de Vicentin suma U$S 1200 millones.
De ser así, el plan ya podría haber recolectado la fuerza suficiente como para imponerse como una alternativa real en el juzgado de Civil y Comercial de Fabián Lorenzini, que lleva la quiebra desde su despacho en la ciudad santafesina de Reconquista.
También ya tomó partido a favor de esta iniciativa la Bolsa de Comercio de Rosario. «Esto sería beneficioso para evitar los efectos perjudiciales que el concurso y el transcurso del tiempo están ocasionando al mercado y a la economía regional», aseguró en un comunicado la semana pasada.
Un plan
Los acreedores hicieron pública su propuesta el 25 de febrero. En Rosario se decía que era en respuesta a la decisión del juez Lorenzini de pesificarles las acreencias a valor de $ 65 por dólar. Para muchos de esos acreedores, esta decisión judicial convierte la acreencia en un quebranto que redundará en mayores costos financieros para operar. Con ese tipo de cambio, las 70 empresas y cooperativas coaligadas suman acreencias por $ 7800 millones (U$S 120 millones).
La idea es capitalizar esas acreencias, con lo que licuarán la participación de los actuales accionistas. Luego, separar a éstos y a los actuales directores de la gestión para pasar a cerrar distintos tipos de acuerdos con los acreedores que no capitalicen a cambio de compromisos de pago: uno, con los productores de granos, para que sigan entregando mercadería; otro, con las entidades financieras, para que sigan otorgando préstamos; un tercero con la banca privada extranjera, para desarmar cualquier juicio en el exterior. Y todo ello acompañado de fuerte respaldo político, tanto provincial como nacional.
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