Vicentin: sanción del Banco Central y más cuestionamientos judiciales

La agroexportadora Vicentin sufrió un nuevo revés en su situación legal. El lunes, el Banco Central le prohibió realizar pagos al exterior y sólo la autorizó a operar en el mercado cambiario oficial para liquidar exportaciones.

La medida se tomó luego de que una auditoría comprobara una parte de las exportaciones realizadas en 2019, estimada en U$S 140 millones de dólares, jamás fue liquidada de acuerdo a la normativa del BCRA.

“Se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a egresos por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de Vicentin S.A.I.C. Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”, señala la Comunicación C-89731 del BCRA dirigida a entidades financieras y operadores de cambio. Unos párrafos más abajo, sin embargo, se otorga a las mismas un permiso especial para operaciones “que permitan al exportador efectuar ingresos de divisas al mercado de cambios”.

La conducta de Vicentin está bajo la lupa luego de que la empresa se presentara en concurso preventivo, en marzo del año pasado. En ese marco, el Banco Central anunció que elevará al juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la localidad de Reconquista, Fabián Lorenzini (que entiende en el concurso), el listado de exportaciones no liquidadas. “Queremos que el juez investigue qué pasó con esas operaciones. Si los fondos ingresaron a la empresa a través de alguna vía ilegal, por ejemplo a través del dólar CCL. O si pueden haber desviado los fondos a otra empresa y tener los fondos en el exterior», confiaron fuentes del BCRA.

Sospechas

Las irregularidades en torno al concurso de Vicentin exceden ampliamente el capítulo de la liquidación de divisas. Básicamente, la empresa pasó en tres meses de integrar el grupo de firmas más selectas del rentable complejo agroexportador a ser insolvente, con más de 2.500 acreedores (muchos de ellos pequeños productores cerealeros de la provincia de Santa Fe) y un pasivo cercano a los mil millones de dólares. De esa suma, unos 300 millones de dólares corresponden a préstamos del Banco Nación, algunos otorgados cuando la empresa ya estaba en cesación de pagos.

Varios factores alimentaron las sospechas sobre la vertiginosa caída de la empresa. Entre otros, la rapidez del deterioro de su situación (según los estados contables, perdió U$S 900 millones en un trimestre) y los claroscuros en la venta de acciones de la fábrica de biocombustibles Renova, controlada por el grupo, de cuyo ingreso de dinero la AFIP dice no encontrar huellas.

En los últimos días hubo un nuevo contrapunto sobre ese proceso que terminó en el concurso de acreedores. Los síndicos de la empresa, Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco, dijeron que se debió a causas “típicamente externas”, entre las que enumeraron los mayores costos financieros, la devaluación del peso y la inestabilidad macroeconómica del país.

Sin embargo, tanto los veedores judiciales designados por Lorenzini como el propio Banco Nación, uno de los principales acreedores, salieron a cuestionar ese informe. Entre otras objeciones, como la valuación de activos y pasivos y el papel de las sociedades vinculadas, también critican que no haya evidencias de que esas razones citadas por los síndicos afectaran a la competencia. “¿Cómo es que ni uno solo de los integrantes de la Sindicatura se ha interrogado acerca de por qué todas las pretensas y variopintas causas ajenas alegadas como provocadoras del desequilibrio de la concursada, no afectó a la competencia como para llevarles al estado de cesación de pagos?”, se preguntaron los apoderados del Banco Nación.