El Papa cambió la ley canónica para que sea obligatorio señalar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, pero todo queda en el marco eclesiástico y no el civil y penal.
Francisco desveló el jueves una revisión de la ley canónica -la legislación en vigor en la Iglesia católica- obligando ahora a los curas y a otros religiosos a señalar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, así como los encubrimientos de estos hechos por la jerarquía clerical.
Estas medidas deben responder a las fuertes expectativas de las víctimas, tras una cumbre inédita sobre el problema que reunió a las conferencias episcopales del mundo entero en el Vaticano en febrero.
Esta obligación de denunciar es un «paso importante aunque es un paso tímido», comentó el viernes a la AFP José Andrés Murillo, una víctima chilena que creó en 2010 en su país la Fundación para la Confianza, una asociación de lucha contra las agresiones sexuales.
«Por lo menos, el mundo es una vez más alertado de este verdadero cáncer», reaccionó por su parte Peter Saunders, el fundador en Reino Unido de la Asociación Nacional para las Personas Víctimas de Pederastia (Napac). Su hermano Michael y él fueron agredidos sexualmente por curas cuando eran niños.
Sin embargo, «todo esto no es suficiente; es una cortina de humo para decir ‘hacemos algo’, pero esto perpetúa el problema porque queda dentro de la Iglesia», lamenta.
«Es clave cuestionar la manera en la que se utiliza y dispone del poder dentro de la Iglesia católica», apunta Murillo. «La misma Iglesia es parte y juez en las investigaciones […] El encubrimiento es la clave para entender el abuso, porque es lo que crea la impunidad y la impunidad multiplica los abusos», denuncia.
El texto pontifical no comporta ninguna obligación de señalar los casos ante la justicia civil, salvo en los casos en los que lo imponga la ley local.
La organización internacional de víctimas Ending Clerical Abuse (ECA, Acabar con el abuso clerical), líder de una cumbre paralela de víctimas en febrero en Roma, reveló también su decepción: «No habrá todavía obligación para los curas y los obispos de denunciar casos de abusos sexuales ante las autoridades civiles de los países».
La cuestión de las indemnizaciones
«Habría sido interesante» que el texto estipule que «ahí donde hay un Estado de derecho, hay que dirigirse obligatoriamente a la justicia civil», insiste Marie-Jo Thiel, una profesora de ética en la Universidad Marc-Bloch de Estrasburgo (este de Francia).
Esta laguna permite continuar «encubriendo los abusos», lamenta ECA.
«Muchos obispos en todo el mundo, especialmente en África, Asia y en una parte de América Latina, son muy hostiles a cualquier forma de transparencia que pusiera en entredicho su autoridad y su poder sobre los curas de sus diócesis».
Esta legislación «mantendrá potencialmente en sus funciones a miles de depredadores conocidos», considera ECA.
Para François Devaux, presidente de la asociación francesa de víctimas La Parole Liberée (La palabra liberada), el papa debería ante todo apartar a «aquellos que encubrieron a los depredadores o que abusaron ellos mismos» de sus víctimas.
«Si hubiésemos ahorcado a 100 curas agresores en la plaza de San Pedro, todo el mundo habría estado contento pero no se habría resuelto nada. Las cosas se resuelven con procedimientos», declaró el viernes el papa, en una aparente respuesta a estas críticas. Francisco suele señalar que ante todo hay que cambiar las mentalidades.
En Polonia, Marek Lisinski, el presidente de la fundación «No tengan miedo» de apoyo a las víctimas, celebra sin embargo «un documento oficial del Vaticano donde los obispos que esconden a los autores serán considerados responsables».
Igualmente se lamenta la cuestión de las indemnizaciones. El «término de indemnización ni se menciona», critica una víctima francesa, Olivier Savignac.
En el texto del papa solo se dice que las víctimas deben recibir «una asistencia espiritual, médica y psicológica», pero no precisa la modalidad.
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