Victoria Tolosa Paz: «Las empresas ocultaron información sobre la prestación básica universal»

Victoria Tolosa Paz es la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Es la encargada de coordinar las iniciativas y programas sociales con ministerios, secretarías y direcciones, provincias y municipios, empresas y trabajadores. En el contexto de la pandemia, se convirtió en pieza clave del gobierno nacional. Tal es así, que es uno de los nombres que suena para encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. Sin embargo, por el momento ella escapa a la cuestión electoral y se centra «en el diseño e implementación de políticas sociales y en el plan de vacunación, que es lo fundamental».

–¿Dónde está puesto el foco del Consejo en este momento?

–En tres patas: el Plan Accionar, el programa Multiplicar y la implementación del Certificado de Pre Identificación. Dentro del Plan Accionar tenemos el objetivo de garantizar que donde haya un niño de baja talla, su madre o padre tenga la AUH y la tarjeta Alimentar. Construimos un mapa georreferenciado de niños con baja talla. Encontramos 70 mil casos. Los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud Integral dicen que hay 200 mil casos. Ya tenemos 70 mil a los que podemos dar respuestas concretas y seguiremos en la búsqueda del resto.

–¿Cómo avanza el programa Multiplicar?

–Trabajamos con los gobiernos provinciales y locales. Este  programa pone al servicio de la comunidad desprotegida un mercado municipal, en donde toda la red de la economía social -productores de alimentos, pymes y cooperativas- ponen sus productos a disposición de los sectores más necesitados. El objetivo es que las transferencias del gobierno nacional no solo se queden en los municipios, sino que la rueda comercial gire, que las madres compren en los comercios de cercanía a mejores precios y eso haga traccionar a la producción.

–¿Cuál es el fin de la implementación del Certificado de Pre Identificación?

–Es un nuevo DNI. Le da existencia a la persona y es el primer paso a la identidad. Estimamos que puede haber entre 300 mil y 900 mil indocumentados. Con el Ministerio del Interior, trabajamos en dar el alta a estas personas para que puedan acceder a los beneficios sociales. Por ejemplo, no hay acceso a la AUH si la madre está indocumentada, así los hijos sí tengan el DNI. Con el CPI damos el alta para la AUH y la tarjeta Alimentar. Además, saltamos el escollo que significa para esa madre tener que tramitar la identidad en un juzgado de garantías, lo cual puede llevar hasta seis o siete años. Con el CPI, en cuatro meses puede tener el DNI. El objetivo es llegar a las capas a donde el Estado nunca llega. Se trata de ampliar derechos.

–¿Cómo está la Prestación Básica Universal de conectividad?

–Es una tarifa social que decretó el presidente cuando determinó que las telecomunicaciones son derechos esenciales. Esas empresas brindan hoy servicios públicos y se tienen que someter a la voluntad del ente regulador para el acuerdo tarifario. Nuestro presidente ha querido proteger a más de 19 millones de personas, que son considerados sujetos de esta tarifa social.

–¿Está trabada la implementación?

–Las empresas dijeron que no sabían cómo articular el beneficio. Desde el Consejo, construimos la base de datos de la población objetivo y ahora Movistar, Telecom y Claro están informándolo a esas personas. Eso llevó mucho tiempo y, entre que las empresas ocultaron la información y no lanzaron campañas de comunicación, casi no teníamos beneficiarios de tarifa social en la telefonía móvil. Hoy, tenemos el objetivo concreto de llegar a tres millones de personas. Empezamos con la telefonía móvil porque entendemos que es lo más urgente. En los barrios populares, la telefonía móvil está asociada a la escuela y al plan de vacunación.

–¿Cómo ve el impacto de la Tarjeta Alimentar?

–Coordinamos la Mesa de Argentina contra el Hambre con Daniel Arroyo y coincidimos en la ampliación a de la tarjeta a niños de hasta 14 años. Además, incluimos a las madres que tengan una pensión de siete hijos. Tratamos que no haya tanta diferencia entre los planes que el propio gobierno nacional sustenta. Mínimamente, tenemos que llegar a dar cobertura a la Canasta Básica Alimentaria de manera individual, que hoy está en $ 8390.

–¿La tarjeta Alimentar podría extenderse a jubilados o a beneficiarios de otras asignaciones, como la SUAF?

–Estamos en permanente revisión de los universos que nos quedan sin coberturas y con necesidad de ser tenidos en cuenta. Uno de esos universos son las madres que perciben SUAF por Embargo. Trabajamos con Anses viendo bien qué universo es. También estamos trabajando en extenderla a los beneficiarios de pensiones por discapacidad de hasta 14 años, que no cuentan con estos beneficios porque tienen una cobertura de salud.

–¿Cómo está la segmentación de tarifas de energía?

–La tarifa es única. Tenemos que mirar a quién se está subsidiando. Venimos trabajando con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía sobre la posible segmentación. Trabajamos sobre las bases que tenemos de las prestadoras del servicio, que son muy dispares. Una vez que tengamos hecho ese trabajo, cruzaremos la información para poder distinguir a sujetos que tienen altos niveles de ingresos o de patrimonio o existe esa presunción a partir de la compra de dólares y los consumos de tarjetas de crédito. Creemos que esa segmentación puede ayudar mucho a quitar subsidios en la punta de la pirámide de ingresos y, por supuesto, continuar con los subsidios en los sectores menos pudientes. Todavía no sabemos cuándo va a ser, pero estamos avanzando de manera muy rápida.

–Se habla de una candidatura suya en la provincia de Buenos Aires, en las próximas elecciones.

–Estamos abocados al diseño e implementación de políticas sociales y en el plan de vacunación, que es lo fundamental. Todo lo demás son ruidos y cosas que se escriben, pero que están muy verdes. «