Vidal creó la Oficina Anticorrupción y la oposición dice que es «marketing»

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció hoy la creación de una Oficina Anticorrupción que dependerá del Ministerio de Justicia y se encargará de investigar los delitos que ocurran en la administración pública bonaerense. La oposición criticó la medida porque el organismo depende del Ejecutivo y no tendrá autarquía ni independencia para trabajar. «Es un anuncio marketinero para la prensa», sostuvieron desde la Legislatura.

La Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) -como fue denominada- fue presentada hoy por Vidal junto al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. El cargo será ocupado por Luis María Ferella, un dirigente del PRO de Ensenada que ya venía trabajando en la temática y que tiene una larga trayectoria en la Auditoría General de CABA. La mandataria dijo que la iniciativa busca «transparentar la gestión» y «corregir un Estado que convivió con las mafias, que miró para otro lado y que no las combatió durante mucho tiempo».

”A los vecinos de la Provincia les digo que ésta es una pelea que no se agota en una denuncia de corrupción espectacular, una purga de la policía o el sistema penitenciario. Acá se trata de dar la pelea todos los días, muchas veces en silencio, con muchas medidas que vayan corrigiendo un Estado que convivió con las mafias, que miró para otro lado, que no las combatió durante mucho tiempo. No es una tarea de un día sino de muchos días, que voy a llevar adelante hasta el último día de mi mandato», agregó Vidal.

Ferrari aseguró que la OFI actuará a partir de «un canal de denuncias» que se habilitará para que funcionarios o ciudadanos particulares puedan realizar acusaciones, inclusive de manera anónima. Además, comenzará a trabajar en un paquete de leyes en materia de transparencia, ética pública, conflicto de intereses y lucha contra la corrupción. En este punto, precisó que hay un proyecto en carpeta para que la presentación de las declaraciones juradas pase a ser electrónica y deje de hacerse en papel, como ocurre hoy. Sin embargo, la presentación de esa documentación seguirá realizándose ante la Escribanía General de Gobierno y no será competencia de la flamante Oficina Anticorrupción.

El anuncio de Vidal reavivó la polémica que había surgido el año pasado entre la Legislatura y el Ejecutivo en torno al modelo de Oficina Anticorrupción. Tanto desde el massismo como desde el peronismo habían propuesto crear por ley el Tribunal Social de Responsabilidad Política, como establece el artículo 3 de la Constitución Provincial, y un Código de Ética Pública. 

El paquete opositor proponía la creación de un tribunal con autonomía funcional y autarquía financiera, compuesto por cinco miembros elegidos por concurso y con acuerdo de la Legislatura. Incluía además un Código de Ética que, entre otras medidas, obliga a los funcionarios a presentar DDJJ y les prohíbe nombrar familiares en el Estado o apropiarse de la publicidad oficial. Sin embargo, y pese a acordar un proyecto unificado, no lograron darle tratamiento en comisión.

El titular del bloque Peronista en el Senado, Patricio García, criticó que la OFI dependa del propio Ejecutivo y consideró que se trata de «una decisión marketinera, un anuncio más para la prensa que no ataca el fondo de la cuestión”. Y agregó: “Lamento que la Gobernadora no haya convocado al Poder Legislativo, hemos dado todas las señales de disposición para avanzar en esta cuestión. Sin embargo, se eligió un camino conocido: el mismo que eligió el Presidente Macri en la órbita nacional, poner a un amigo a controlar… la verdad que es una iniciativa pobre si el problema le preocupa tanto como dice”.

Desde el Frente Renovador, el diputado Lisandro Bonelli también cuestionó el rol que tendrá la nueva oficina. “Todos los organismos internacionales recomiendan que este tipo de oficinas tienen que tener autarquía y autonomía para lograr ser imparciales. Crear una oficina por decreto donde el Director lo pone la Gobernadora para que después la investigue a ella o a sus funcionarios, no es serio”, sostuvo.

En la misma línea que García, Bonelli sostuvo que Vidal tiene que crear el organismo que marca la Constitución «para examinar los actos de corrupción de todos los poderes del Estado y no crear una nueva estructura que genere gastos extra a la provincia y que termine siendo como la Oficina Anticorrupción de la Nación que no funciona».