La medida incluye a Ritondo. Resolvió que 7 mil efectivos más estén obligados a presentar su declaración jurada de bienes.
La medida, que fue anunciada hoy en conferencia por la gobernadora María Eugenia Vidal, alcanza al propio ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a los subsecretarios de su cartera y a quienes tengan un cargo equivalente, al Superintendente General de Policía y al Subcoordinador Operativo de Seguridad.
Los test obligatorios fueron dispuestos por una resolución de Ritondo y forman parte de la «Política de Prevención y Control de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el ámbito de las policías de la provincia». La medida comprende también a todo el personal de la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado y a los integrantes de la Auditoría General de Asuntos Internos.
Al anunciar la medida, Vidal aseguró que «un policía que consume no puede portar un arma» y agregó que «si un policía adicto es parte de una banda, hay que perseguirlo». También remarcó que «como no somos parte de la mafia (que opera en la Policía) la podemos combatir».
Según adelantaron desde Seguridad, los exámenes se realizarán dentro de los próximos tres meses, y paulatinamente se sumarán al resto de la totalidad de la fuerza, incluídos sus jefes e integrantes de la Policía local. El encargado de realizar los análisis será e laboratorio Fundartox, entidad especializada en la materia con la que el gobierno firmó un convenio.
En la resolución a la que accedió Tiempose aclara que las pruebas de laboratorio para detectar la presencia de sustancias «se realizarán en orina, en saliva o en aire espirado según corresponda» y que «los casos positivos serán siempre confirmados por otro método».
Además, Vidal y Ritondo anunciaron que 7650 policías más deberán presentar la declaración jurada de bienes. La obligatoriedad de presentar la declaración jurada en la Policía se extenderá a las dos jerarquías inferiores a la de subcomisario.
Se trata de 7650 uniformados que revisten en la fuerza en las jerarquías de Oficial Inspector y Oficial Principal, y todos los efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, cualquiera sea su jerarquía o función.
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