Columna de opinión.
Era cuestión de tiempo para que semejante cantidad de señales se transformaran en un acto concreto de impunidad. Ocurrió, al fin, esta semana, cuando la Corte Suprema reflotó una ley ya derogada para acelerar la excarcelación de un represor. Los fiscales que llevan adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad calculan que el beneficio alcanzaría a unos doscientos represores que encaran o purgan condenas de cárcel común.
La titular de abuelas, Estela de Carlotto, sostuvo que semejante retroceso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia es posible por los vientos de impunidad que soplan en la Argentina. Acierta: la Justicia es una veleta que detecta y se acomoda según como sople el poder.
El fallo que indigna y avergüenza a los argentinos de bien -sin distinción de banderías políticas- lleva la firma de los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Helena Highton de Nolasco. Los tres le deben su puesto al Ejecutivo. Rosatti y Rosenkrantz fueron propuestos por el presidente Macri. Highton, que debía jubilarse en diciembre pasado, retuvo su despacho porque el gobierno no apeló un fallo favorable al amparo que presentó la propia jueza para prolongar su estadía en la Corte.
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, esta vez se preservó del escándalo en dupla con el peronista Juan Carlos Maqueda. Ambos votaron contra las posturas de sus colegas, lo que alentó la idea de un quiebre entre los cortesanos. Se escribió, también, que la guerra deriva de la avanzada de Elisa Carrió contra Lorenzetti, a quien pretendería reemplazar por Rosatti. Quizá esa batalla haya tallado, pero no del modo que se cree: a la manera de los judocas, Lorenzetti suele utilizar la fuerza de sus oponentes a su favor. ¿Cómo hará ahora el postulante Rosatti para limpiar su imagen manchada por un fallo indigerible?
Una de las especialidades de Lorenzetti es esconder la mano después de arrojar la piedra. La otra es administrar las sentencias con más criterio político que legal. En este caso, el fallo del Máximo Tribunal coincide con una fuerte avanzada negacionista alentada por miembros del gobierno, la Iglesia y el Elenco Estable del Poder Real. Para estos últimos, por cierto, el asunto es crucial: retroceder en la sanción a los ejecutores uniformados del plan criminal de la dictadura posterga el demoradísimo juicio y castigo a la complicidad civil.
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