Vigilancia por reconocimiento facial en las calles de Buenos Aires

El vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, anunció que adquirieron un sistema de inteligencia artificial que "se pondrá en marcha entre el 22 y 23 de abril”.

La política de Seguridad de Cambiemos avanza con medidas de control social en los diferentes distritos que gobierna. Mientras que en la provincia de Buenos Aires creó un registro para los asistentes a eventos masivos, en la CABA implementará un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial (IA) que, según Diego Santilli, vicejefe de Gobierno a cargo el Ministerio de Seguridad, anunció que «se pondrá en marcha entre el 22 y 23 de abril”.

«Es sólo para aquellas personas que están siendo buscadas por la Justicia», aseguró Santilli, pero no aclaró que todas las personas serán escaneadas por la miríada de cámaras de seguridad repartidas a lo largo y ancho de las calles ciudad. “El software adquirido coteja el rostro con esa base de datos (de personas buscadas por la justicia). Si hay coincidencia salta un alerta en el monitor del operador del centro de monitoreo y se pone en acción el despliegue policial”, puntualizó el funcionario porteño. Todos los rostros serán contrastados , algoritmo mediante, con esa base de datos.

Especialistas alertaron sobre el peligro de implementar este sistema tipo Gran Hermano y agregaron la altísima falibilidad de esta tecnología. Además, no consideran que China sea un ejemplo a seguir dadas las características de su sistema político. Un sistema de reconocimiento similar se utilizó en Inglaterra para un partido de fútbol y dio un 92% de falsos positivos, especificó un especialista. Cómo se actuará en estos casos es una aclaración que el contador Santilli no creyó necesario explicar.

Los funcionarios de Cambiemos en los diferentes distritos demuestran una curiosa y peligrosa inclinación por usar tecnología en contextos en los que hay más reservas que seguridades, como el caso del voto electrónico y ahora en materia de Seguridad. La fuerte tendencia a privatizar servicios, es decir, quién controlará y tendrá acceso al sistema, es otro de las graves preocupaciones de organizaciones de Derechos Humanos respecto de iniciativas como el sistema de reconocimiento facial.

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