Un informe de los servicios de asistencia a las víctimas de la Defensoría advierte que el 42% de los agresores denunciados viola las órdenes de restricción.

De acuerdo al último Informe anual de los servicios de atención a víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación, durante 2016, en el 42% de los casos en los que la justicia dictó medidas de protección para las víctimas, los denunciados incumplieron las órdenes de restricción, y una de cada tres víctimas denunciaron haber sufrido nuevos episodios de agresión. Sin embargo, sólo en el 17% de esos expedientes se constató que se hayan aplicado sanciones a los infractores.
Durante 2016 se intensificaron las situaciones de violencia de género, asevera el informe elaborado por los servicios de asesoramiento y patrocinio gratuitos a víctimas que dependen de la Defensoría y operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recibieron 2656 consultas a lo largo del año y otorgaron patrocinio jurídico gratuito en 849 casos a fin de obtener medidas de protección.
Los incumplimientos a esas órdenes judiciales por parte de los denunciados se incrementaron del 34% de los casos en 2015 al 42% el año pasado. Y las denuncias de nuevos hechos de violencia luego de la intervención judicial aumentaron de 24% a 32%. El hecho de que sólo en uno de cada seis casos haya habido algún tipo de sanción al agresor reincidente evidencia las dificultades del sistema actual para brindar protección efectiva a las víctimas.
El informe advierte, además, que en dos de cada tres casos, la notificación de la medida de protección debió hacerla la propia denunciante, dejando a cargo de las víctimas las gestiones para que las órdenes judiciales sean efectivas. Consigna también que se mantiene una alta frecuencia e intensidad de las agresiones: en 8 de cada 10 casos se denunciaron situaciones de violencia por períodos que exceden el año (84%) y con una frecuencia diaria o semanal (79%).
Respecto de quiénes denuncian, el 90% de las mujeres asistidas por la Defensoría denunciaron a sus parejas o exparejas, y 8 de cada 10 declararon tener hijos/as en común con su agresor.
La mayor parte de las denunciantes cuenta con recursos económicos propios: el 75% manifestó que recibe apoyo familiar o de su entorno, y el 69% es el principal sostén de su hogar. Eso sugiere que las víctimas que no cuentan con recursos económicos tienen menores posibilidades de denunciar; y demuestra la necesidad de implementar políticas públicas para superar la dependencia económica del agresor.
Un tercio de las asistidas manifestó que ya había interpuesto alguna denuncia por hechos de violencia antes. Para la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, esa reiteración de denuncias demuestra la necesidad de repensar los mecanismos actuales de protección y evaluar otros modelos superadores, que brinden respuestas más eficientes y de fondo a la situación de las mujeres que buscan medidas de protección.
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