El gobierno de Javier Milei difundió y celebró semanas atrás que en 2025 se registró la tasa de homicidios dolosos más baja de la historia en Argentina, en torno a 3,6 casos cada 100 mil habitantes. Menos se habló de otro dato emitido por la cartera de Seguridad, que muestra que 2025 fue el año de mayor tasa de suicidios: 11,8 cada 100 mil habitantes. El Observatorio de Política Criminal (OPC) publicó un informe para alertar sobre este panorama y advirtió sobre una “transmutación de la violencia letal” en el país.
“Hubo un proceso que definimos en el informe como ‘transmutación de la violencia’. Un puente entre muertes interpersonales y suicidios. Festejar una tasa de homicidios baja es valorable siempre y cuando no tengas la tasa de suicidios que hay hoy. Es necesario verlo en su conjunto y como un gran problema en términos de salud mental. Una crisis que se agrava aún más por tener el presupuesto más bajo en el tema”, resume Ariel Larroude, director del Observatorio y del Posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El OPC nació como un dispositivo técnico de análisis criminal para abordar principalmente casos en la Ciudad de Buenos Aires, en 2016. Luego trabajó también sobre la tasa de homicidios en Rosario. En el último tiempo, el foco se puso sobre los suicidios por lo apabullante de los datos. “Es la primera causa de muerte violenta en Argentina y la primera en jóvenes adultos. Ni siquiera en la crisis de 2001, en los 90 o en la dictadura hubo una tasa tan elevada”, compara el analista.
Suicidios: “Un hecho social de alta gravedad”
“Para el Observatorio de Política Criminal, el abordaje del suicidio plantea un desafío específico. No se trata de un delito ni de una conducta atribuible a un autor penalmente perseguible. Sin embargo, constituye un hecho social de alta gravedad, vinculado con vulnerabilidades, padecimientos, condiciones de vida, disponibilidad de servicios y capacidad de respuesta institucional. Por esa razón, su análisis resulta pertinente dentro de una agenda más amplia sobre violencias, prevención y protección de derechos”, señala el documento, que toma como fuente principal el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), complementado con la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS).
En base a esa información, se conoce que entre 2017 y 2025 la cantidad de suicidios registrados aumentó de 3.304 a 5.209 casos: un incremento del 57,7%. En el mismo período, la tasa pasó de 8,2 a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes: una suba del 43,9%.
Más allá de la cifra general, el informe advierte que “la tasa nacional de 11,8 oculta una marcada heterogeneidad territorial. Entre Ríos registró 20,8 suicidios cada cien mil habitantes, casi el doble del promedio nacional y más de tres veces la tasa de Río Negro. Por otro lado, San Luis, Salta y Santa Cruz también presentaron niveles especialmente elevados”. El Observatorio destaca que “identificar estos territorios con altas marcas resulta clave para priorizar acciones de prevención, servicios de crisis y fortalecimiento de redes comunitarias”.
Trasmutación de violencias
“El concepto de transmutación de la violencia letal no supone que exista una cantidad de violencia que se desplaza automáticamente desde el homicidio hacia el suicidio. De hecho, no hay relación directa ni motivacional que así lo prescriba. Su utilidad analítica reside exclusivamente en permitir la observación conjunta de fenómenos que habitualmente son estudiados por separado y en concluir a que, pese a que la mortalidad interpersonal ha disminuido, la Argentina padece serias complejidades en lo que se refiere al atentado contra la propia vida de sus habitantes”, advierte el informe.
“La reducción sostenida de los homicidios dolosos, aun siendo un resultado institucional valioso, no equivale por sí sola a una disminución integral de la violencia que atraviesa a la sociedad argentina. Cuando el análisis se amplía y se incorporan las muertes autoinfligidas, aparece un panorama más complejo, en el cual la violencia interpersonal pierde peso relativo mientras el suicidio incrementa su incidencia y alcanza niveles que obligan a revisar qué se entiende por seguridad, prevención y protección de la vida”, plantea a modo de discusión.
Así se busca “mostrar que la disminución de la violencia visible no necesariamente implica una sociedad menos violenta y que el verdadero éxito de una política criminal debe expresarse en una reducción simultánea de todas las formas evitables de muerte violenta”.
El factor presupuestario
Si bien hubo altibajos en el presupuesto destinado a salud mental, el análisis del período 2017-2025 mostró que “existió una diferencia sostenida entre el presupuesto aprobado y el presupuesto efectivamente ejecutado”. Si bien los montos nominales aumentaron con los años por la inflación, “el financiamiento real de las políticas de salud mental no logró consolidarse de manera sostenida, peor aún en la era Milei”. Esto se tradujo en que “la insuficiencia presupuestaria y la subejecución de los recursos constituyeron uno de los principales obstáculos para la implementación plena de la Ley Nacional de Salud Mental y para el fortalecimiento de los servicios comunitarios de atención en todo el país”.
“El efecto del desfinanciamiento se agrava cuando mostrás al Estado cuando tu enemigo. No solamente la percepción de un Estado ineficaz, sino que ya no es una puerta a la que golpear cuando fallan las redes de contención primaria”, analiza Larroude en diálogo con Tiempo. “Los datos son contundentes e invitan a la reflexión. En el marco del proceso de achicamiento estatal y recorte presupuestario en materia de salud mental se dio el pico máximo de suicidios en la República Argentina. Una conclusión que parece lineal pero también conteste de aquello que ocurre cuando las agencias del Estado se retiran”.
Las conclusiones del informe se dan en conjunto con cinco líneas propositivas: incorporar el suicidio a la agenda pública (esto implica “corregir su histórica subestimación frente a otras formas de violencia y asignarle una prioridad acorde con su magnitud, su crecimiento y su impacto social”); avanzar de la reacción a la prevención; reconstruir la confianza en el Estado (difícil bajo un gobierno anti-Estado); interpretar la baja de homicidios sin triunfalismos y construir una estrategia comunitaria de largo plazo, en tanto “la participación comunitaria debe complementar, y no reemplazar, la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar prevención, atención y cuidado la sociedad”.
Dónde pedir ayuda:
Hospital Nacional Laura Bonaparte
Guardia telefónica adultos
4305–0091 al 96 — Interno 1155
Guardia telefónica de Niños, niñas y adolescentes
4912–3673 de lunes a viernes de 9 a 122 horas.
Provincia de Buenos Aires
0800 222 5462
Línea gratuita, de lunes a viernes de 8 a 24h y los fines de semana de 10 a 22h.
SOS Un amigo anónimo
(011) 5263–0583
De lunes a viernes de 10:00 a 19:00hs
Sábados de 10:00 a 16:00hs.
