Denunciaron violencia policial, perdieron el juicio y el tribunal los hizo cargo del costo

Mientras a nivel nacional era noticia la detención en cárceles federales de militantes que a lo sumo habían cometido una contravención, en el sur del país tenía lugar otro hecho que da cuenta de la persecución a quienes protestan. En Chubut, la Justicia determinó que cuatro ambientalistas que habían denunciado a policías por torturas paguen los honorarios de los abogados de los acusados, que fueron absueltos.

Si bien se contempló la situación de vulnerabilidad económica de los denunciantes y se eximió a tres de ellos de pagar su parte, el cuarto sí quedó obligado a abonar y todos fueron señalados como responsables de hacer frente a las costas del juicio que se impulsó por sus testimonios.

Organismos de derechos humanos repudiaron la medida y advirtieron que sienta un grave precedente. “Es una aberración. Víctimas de violencia estatal condenadas a pagar porque el mismo Estado no pudo probar que las habían agredido. Es totalmente ilógico, sin precedentes”, expresó Nilda Bulzomi, de la regional Esquel-Trevelin de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

La denuncia por violencia policial

La violencia denunciada se dio el 6 de diciembre de 2019, durante una protesta contra el tratamiento del proyecto de ley para la creación del Ministerio de Hidrocarburos y Minería. En la concentración fuera de la Legislatura, seis asambleístas del movimiento “No a la Mina” fueron detenidos violentamente y cuatro denunciaron haber sufrido torturas por parte de la Policía.

De esos hechos se desprendieron dos causas judiciales. Una contra militantes que reclamaban y otra contra policías que los detuvieron. La primera avanzó rápidamente y los ambientalistas fueron sobreseídos en 2020 por falta de pruebas. La segunda se movió con lentitud y a fuerza de reclamos, hasta que en 2023 los policías fueron absueltos.

“En la causa por torturas, el Poder Judicial en una evidente demostración de parcialidad absolvió a los policías acusados de golpear, ahorcar, encapuchar y amenazar con ser ‘el próximo Santiago Maldonado’ a manifestantes detenidos durante la protesta afuera de legislatura en 2019. Como consecuencia, se condenó a la querella (las víctimas) a pagar 200 jus (más de 10 millones de pesos) por honorarios de cada abogado defensor de los policías”, detalló la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos del Chubut.

Esa decisión fue apelada, pero finalmente quedó firme. Así lo resolvió este mes el tribunal integrado por las juezas Eve Ponce y María Laura Martini (mayoría) y el juez Javier Allende (voto en disidencia): se validó el monto de 200 jus por honorarios a cada defensor, aunque por la situación de vulnerabilidad económica de los denunciantes, el Estado quedó a cargo de la mayor parte, salvo 10 jus (algo más de medio millón de pesos).

El juez Allende, en disidencia, sostuvo que ninguno de los denunciantes debía afrontar el pago de costas, citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Cantos”. Según consignó la Red en un comunicado, el magistrado destacó que imponer costas a denunciantes de violaciones a derechos humanos desalienta la denuncia de estos delitos cometidos por agentes estatales, en particular la policía.

Grave precedente

“Más allá de quién paga el monto, es polémico que se les carguen costas por una denuncia de violencia institucional. Porque se pone en juego la vigencia de los derechos, ¿quién va a ir a denunciar sabiendo que si pierde va a tener que pagar?”, se preguntó Bulzomi en diálogo con Tiempo.

Cuestionó, además, que la audiencia en la que se confirmó la decisión de que los ambientalistas paguen fue “una humillación” y “todo el tiempo hacían hincapié en su situación de vulnerabilidad”.

La militante remarcó además que este caso se dio en el marco de una “histórica” persecución a militantes ambientalistas en Chubut. “Después del plebiscito de Esquel todas las acciones posteriores están de alguna u otra manera influidas por cuestiones de violencia. Desde el espionaje a ambientalistas en Esquel, como a toda la gente que asumió la lucha en la costa contra la explotación minera”, recordó. Agregó que “son lugares donde se conoce todo el mundo, ves al policía que te golpeó, te lo cruzás en la calle. Ellos (los ambientalistas que denunciaron torturas) hace seis años que van de audiencia en audiencia. A la violencia física se sumó la psicológica del proceso interminable que culmina con esta decisión”.

“La persecución es sistemática”

Noelia Silva es una de las ambientalistas que fue detenida aquel 6 de diciembre de 2019. Sobreseída de la acusación por presuntos disturbios en aquella protesta, fue una de las militantes que denunció el accionar policial, junto a Roberta Gogorza, Jairo Epulef y Juan Salvador. Tras la absolución de los acusados, ella y sus compañeros lidiaron con el proceso judicial que los terminó haciendo cargo de pagar las costas del juicio.

“Las detenciones fueron brutales, en la calle, las palizas fueron tremendas y siguieron en la comisaría”, rememoró sobre la violencia de hace seis años. “Juan García –uno de los policías juzgados- ahora es comisario. Trabaja hace mucho tiempo en la fuerza y fue testigo en todas las causas armadas contra militantes ambientalistas, así como contra docentes. Entendemos que hay ahí una vinculación”, analizó.

“Aparte de que nos torturaron y nos hostigaron por tres años, tuve que hacer restricciones contra ellos. Un día hasta me paré en la plaza con megáfono denunciando que me estaban aterrorizando”, contó. “Llegamos a traccionar el juicio con la institucionalidad en contra y lo perdemos, y encima nos acusan y hay que pagarlo. Es una locura”, opinó tras el resultado de la última audiencia.

“La persecución es sistemática. Tengo tres causas, todas falsas, como un juicio en la Justicia Federal donde me quieren hacer cargo de un corte de ruta en 2021. Considero que estamos en una situación de peligro enorme”, alertó la militante. Y comparó que “en las causas de corrupción a funcionarios fueron condenados a pagar 120 jus de costas, apelaron y se los bajaron a 60. Nosotros, que somos vecinos que no estamos haciendo un daño, nos terminan poniendo un máximo. Claramente es un disciplinamiento”.

En tanto, las organizaciones locales crearon un fondo de lucha para reunir los recursos que el tribunal ordenó pagar a uno de los denunciantes. “Queremos advertir sobre la gravedad de lo que pasó pero también evidenciar que incluso contra eso podemos organizarnos. Que nadie se tenga que quedar callado por miedo a ser atacado económicamente”, concluyó Silva.