El niño M tiene seis años. En agosto del año pasado, por orden del juez Luciano Speroni, fue separado entre llantos y gritos de su mamá por un grupo de policías armados que irrumpieron en el Jardín de Infantes N° 65 “Tutú Marambá” de Neuquén. Después de ver cómo golpeaban y se llevaban detenida a su mamá, Alexandra Sabio, fue trasladado a la casa de su progenitor Claude Staico, donde también por orden judicial impidieron el contacto con su madre durante más de un año. Esta semana, el niño M volvió a padecer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Neuquén y estuvo retenido durante 26 horas en el Colegio Millaray donde cursa primer grado. Finalmente el viernes pudo pasar dos horas con su mamá y mañana se repetirá el encuentro.

Alexandra fue acusada por impedimento de contacto, atravesó un proceso judicial que la condenó y en marzo de este año fue absuelta. En el fallo de absolución, los jueces del Tribunal de Impugnación Andrés Repetto, Florencia Martini y Nazareno consideraron que no había delito y que la sentencia anterior presentaba “vicios de fundamentación”, “errores en la prueba” y “defectos jurídicos”. La mujer presentó ante la Justicia el pedido de restitución del nene pero se encontró con un nuevo obstáculo: la jueza Adriana Saralegui, titular del Juzgado de Familia N° 5, hizo caso omiso a la absolución e impuso una orden de restricción a la mujer.

El progenitor del niño M, Claude Staico, es un poderoso empresario de multimedios de Neuquén y fue hasta el 2 de septiembre secretario de prensa y comunicación del gobierno de Rolando Figueroa. Tras el escandaloso episodio del 31 de agosto, presentó la renuncia.

Cómo fue el “secuestro” escolar

Judicialmente, el cuidado unilateral del niño M por parte de Staico era del plazo de un año, que se cumplió el 20 de agosto de 2026. Los días posteriores a esa fecha, el progenitor no llevó al niño al establecimiento escolar durante varios días. Finalmente, el 31 de agosto, cuando le contaron a Alexandra que M estaba en el colegio, se acercó allí con intenciones de verlo. Los directivos del colegio impidieron el contacto con la mujer esperando que llegara el progenitor a retirarlo. El hombre ingresó por otra puerta pero se fue dejándolo al niño adentro. M pasó toda la noche en el colegio al cuidado de un psicólogo y el acompañante terapéutico con el único objetivo de que su mamá no lo viera.

Afuera del colegio Alexandra pasó la noche junto a vecinos, vecinas y organizaciones feministas a la espera de saber qué iba a pasar con su hijo. En esas horas, las mujeres fueron hostigadas por la policía y por grupos de hombres que se acercaban a las mujeres. Luego de este episodio, según comunicó el Poder Judicial de Neuquén, se llegó a un acuerdo en una audiencia en la que participaron la jueza de Cámara en lo Civil Patricia Clerici, la jueza de Familia Adriana Luna, el defensor del Niño, Niña y Adolescente Lautaro Arévalo, ambos progenitores con sus abogados y profesionales del equipo interdisciplinario del fuero de familia.

Un caso de violencia vicaria

Julieta Ocampo es diputada por la Izquierda Socialista dentro del bloque del Frente Izquierda e integra Isadora Mujeres en Lucha. Hace algunos años, mientras acompañaba el pedido de justicia por un femicidio conoció a Alexandra, quien le contó la violencia que venía sufriendo por parte de su expareja. Recuerda que en ese momento, la historia de Alexandra le pareció “una película de terror”, no solo por la violencia de género que vivió la mujer durante la relación sino también por la persecución que estaba sufriendo. “Le hicieron varias causas por impedimento de contacto a pesar de que siempre buscó el cuidado compartido”, cuenta.

El caso de Alexandra es el de violencia vicaria, en el que el progenitor se vale de sus hijxs para causar el mayor dolor posible a la madre. A pesar de que se presentaron proyectos de ley en el Congreso, no está tipificada.

“Con la violencia vicaria sucede que hay una trampa judicial: las mujeres no son escuchadas en los casos de violencia de género, no se toman las denuncias, entonces al no estar protegidas las mujeres deciden irse y terminan siendo juzgadas ellas”, analiza Ocampo. “En Neuquén tenemos la Ley 2302 que es de vanguardia en el país pero que en este caso no se cumplió en ningún momento porque el niño M jamás fue escuchado. Hay dispositivos como las defensorías de las niñeces que tampoco han funcionado para proteger al niño ni a la mamá. Esta vulneración de derechos se da en un marco de violencia de género. Ella se retira de la casa de Claude Staico, después de que la retenga cinco días contra su voluntad, él mismo lo admite en un juicio. La mirada hacia proteger los derechos del niño de poder verse con el padre y la madre está perfecto pero si lo enmarcamos en la situación de que el padre es un violento viendo las cosas con un solo ojo”.

 Según el Observatorio de las Mujeres y las Diversidades de Neuquén, en 2025 la provincia asistió a 12.903 mujeres en situación de violencia y de ese total, se dictaron medidas cautelares para 3589 mujeres. «

Situación judicial

Tras el encuentro del viernes, Tiempo se comunicó con el abogado Luis Virgilio quien patrocina a Alexandra. “La situación judicial continúa, se suspendieron por ahora los recursos de apelación contra las decisiones de la jueza Saralegui, sobre el oficio para que Alexandra no se acerque al Colegio Millaray. Estamos ahora transitando un acuerdo en el que ella va a tener encuentros semanales dos veces con su hijo”, explicó. “Avanzamos con la causa en la que solicitamos el cuidado compartido indistinto entre los dos progenitores con residencia principal en el domicilio de la mamá”

Además, completó, “seguimos impulsando denuncias penales para que se establezca la responsabilidad en torno a lo que sucedió en el Colegio Millaray, tanto para los funcionarios del colegio como para los funcionarios públicos que fueron responsables también de esa situación.” 

Comunicado de la justicia de Neuquén

La audiencia finalizó a las 22:30 y contó con la participación de la jueza de Cámara en lo Civil Patricia Clerici, la jueza de Familia Adriana Luna, el Defensor del Niño, Niña y Adolescente Lautaro Arévalo, ambos progenitores con sus abogados y profesionales del equipo interdisciplinario del fuero de familia.

La intervención judicial permitió descomprimir la situación de público conocimiento y avanzar en un diálogo que permita el restablecimiento de los vínculos.

Posteriormente, ambos padres y los funcionarios judiciales continuaron la reunión logrando establecer acuerdos en pos del interés superior del niño y de sanar las relaciones familiares.