La trayectoria de Raúl Zaffaroni sumó en las últimas tres semanas un capítulo curioso y poco frecuente, incluso para quienes tienen un currículum imposible de imitar. La sala III del Tribunal de Conducta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en su composición anterior el 1 de junio asumieron las nuevas autoridades del «Colegio» le suspendió por 90 días la matrícula y, de ese modo, le vedó el ejercicio de la profesión de abogado durante tres meses. Zaffaroni prefirió hacer silencio sobre ese tema en los primeros días: apenas emitió un breve comentario irónico en una reunión de Justicia Legítima. El ex miembro de la Corte está fuera del país por cuestiones de trabajo. Antes de su partida, y consultado por Tiempo, habló por primera vez de la inédita suspensión dispuesta por Pablo Lanusse, Rodolfo Iribarne, José Martínez Tato, Zenón Alejandro Ceballos y Rosana Kahale, quienes justificaron su medida en el hecho de que Zaffaroni ejerció la defensa del juez de ejecución penal Axel López entre los meses de febrero y marzo de 2015 ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados del Consejo de la Magistratura. Zaffaroni había renunciado a la Corte el 31 de octubre de 2014, al llegar a los 75 años. El artículo 3 inciso 9 de la Ley 23.187 (de ejercicio de la profesión del Derecho) establece que los magistrados jubilados no pueden actuar como abogados ante el fuero al que hubieran pertenecido y por el término de dos (2) años a partir de su cese.
La medida contra Zaffaroni causó sorpresa entre muchos abogados al confundir al Consejo de la Magistratura, un órgano político que analiza la conducta de los jueces, con un fuero del Poder Judicial. Vivimos en el reino de la arbitrariedad. Se acabó el Derecho en nuestro país. Parece que cada cual hace lo que quiere si tiene el poder de hacerlo. Siempre se supo que yo estaba inhabilitado para ejercer la profesión en el fuero, es decir, ante la Corte, y el Colegio parece haberlo entendido así. Si no, no me hubiera rehabilitado la matrícula. ¿O para qué lo hizo? ¿Sólo para que pague la cuota? Si el Colegio me rehabilita mi matrícula, y su Tribunal de Ética me sanciona por haberla usado, no entiendo más nada, cuestionó Zaffaroni en diálogo con Tiempo. El jurista intentó recusar la inhabilitación, para lo cual fue patrocinado por Beinusz Schmukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. La recusación fue rechazada.
¿Lo sorprendió la decisión del Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal?
No. Los recusamos, pero rechazaron la recusación porque sí. Era obvio que iban a hacer esto. En este momento no me sorprende nada. Si tenemos funcionarios que deben recaudar y guardan su dinero en refugios fiscales para no pagar, no puede sorprenderme que los colegas que deben defender el derecho de defensa me suspendan por haberlo ejercido. Vivimos un estado de excepción más que un estado de Derecho. Además, no ejerzo la profesión, y tendré que pensar mucho si el año que viene lo haré alguna vez, aunque sea ocasionalmente. Frente a este disparate me sentiría desprotegido en caso de ejercer la profesión. ¿Qué garantía tengo de no ser perseguido en el futuro si ejerzo la profesión?
¿Qué responsabilidad le adjudica a las autoridades del CPACF?
Rizzo no tiene nada que ver. Con seguridad lo descarto. Nunca me metí en la interna del Colegio, con Rizzo tuvimos siempre buenas relaciones. Es un personaje, pero todos somos un poco personajes. Hizo cosas importantes para los colegas.
¿Y a qué atribuye la suspensión, entonces?
Esto es gorilismo puro, del más puro 1955.
Quizá buscan impedir que asuma la defensa de la ex presidenta.
Yo no quise complicar la defensa de Cristina porque sabía que iba a pasar esto, pero igual eso me parece insólito. Sería como decir que me tienen miedo, lo que me suena bastante ridículo. Soy un abogado como cualquier otro, con armas legales. No soy Mandrake, no toco un expediente y se cae. Realmente, si ese fue el motivo, me parece descabellado.
¿Alguna vez falló en contra de algunos de los abogados que resolvieron la suspensión?
No, no lo creo.
Pablo Lanusse, ex interventor en Santiago del Estero, fue uno de los firmantes. La Corte declaró inconstitucional un llamado a elecciones para reformar la Constitución de esa provincia.
Eso fue hace más de diez años, pero no fui yo, fue toda la Corte. Por unanimidad. La verdad era que yo veía con simpatía política lo que Lanusse quería hacer, lo confieso. Pero revisé toda la jurisprudencia y era inviable constitucionalmente. El único antecedente era de los tiempos del fraude patriótico. No había forma de votar otra cosa. «
