El secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez, aclaró que "el libre estacionamiento sigue vigente", aunque admitió que hay más acarreos que al inicio del confinamiento. Detrás, con cánones irrisorios y multas por miles de pesos, perdura la concesión más irregular de la historia porteña.

Después de hacerse público el caso de un hombre que amenazó a un empleado cuando le querían llevar el auto, gritándole que tenía coronavirus, el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez, aclaró que «el libre estacionamiento sigue vigente» y que eso «significa que en cualquier día de la semana se estaciona en la Ciudad como si fuera un domingo». Y aclaró: «Es decir, que en los lugares que de lunes a viernes está prohibido estacionar de mano derecha ahora está permitido», y acotó que el servicio nunca dejó de operar, pero lo hace para retirar vehículos estacionados sobre veredas, o los que tapan rampas o ingresos a garajes. Todo lo que es considerado «falta extrema».
Lo cierto es que la decisión de en qué casos apelar al acarreo y en cuáles no es potestad de las propias empresas de grúas, que suelen actuar en connivencia con los inspectores. Y también se evidenció un aumento de estos vehículos en los últimos días, especialmente a partir del restablecimiento gradual del servicio, avalado por el Boletín Oficial del lunes pasado. Méndez admitió el mayor caudal de grúas, pero dijo que se debe a que buscan retirar los autos estacionados sobre las veredas, en particular, en la zona del microcentro.
«Las grúas nunca dejaron de operar, siempre operaron con un cronograma de emergencia en el que, por ejemplo, íbamos desbloqueando un garage, una rampa para personas con discapacidad. Lo único que hemos hecho en los últimos días fue incrementar este servicio por sobre todo en la zona del centro», declaró esta mañana el funcionario porteño al canal TN. Y añadió: «Teníamos todas las veredas del microcentro ocupadas por autos. La veredas tienen que estar disponibles y las veredas tampoco están hechas para estacionar porque se terminan rompiendo, para nosotros eso es inadmisible».
De acuerdo al Boletín Oficial de hace una semana, «a medida que se fue prorrogando el aislamiento social, preventivo y obligatorio, paralelamente se fue ampliando el espectro de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia que se encontraban exceptuados del aislamiento». Esto provocó una mayor circulación vehicular, lo que impulsaría a la Ciudad a «restablecer de manera gradual el servicio de acarreo por grúas que opera en el marco del Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro».
Ya la semana pasada, ante las denuncias de la presencia de las grúas y multas por miles de pesos, en un contexto de crisis y pandemia, el bloque del Frente de Todos había presentado un proyecto para «limitar el servicio de grúas en la Ciudad de Buenos Aires» y para que se suspenda el pago de acarreo hasta diciembre: “El Gobierno de la Ciudad suma una complicación más a todos los vecinos en un contexto de emergencia, donde el uso del auto resulta esencial y hay complicaciones para estacionar. Por eso desde el Frente de Todos presentamos un proyecto para que sólo se permita el acarreo en lugares que complican la circulación o que obstaculicen la atención de urgencias, como hospitales, Bomberos, comisarías, rampas e instituciones de personas con discapacidad, bicisendas, bancos o correos en horario de atención al público. Queremos que el acarreo sirva para ordenar el tránsito, no como método de recaudación”, señaló la Legisladora Claudia Neira, autora de la iniciativa.
El motivo del enojo que siempre generan las grúas no es sólo la discrecionalidad, sino el negocio millonario que se multiplica año a año, con una concesión vencida desde 2001 y que Ciudad prorroga cada año. Solventar estas semanas de cuarentena no le es complicado a las dos firmas que se reparten la Capital Federal (Dakota–STO y BRD–SEC). Cada una abona un canon de apenas 55 mil pesos, mientras que por acarreo cobran 3 mil pesos, sumado a otros 3 mil pesos de multa.
Hasta el inicio del aislamiento obligatorio, ganaban 30 millones de pesos por mes, mientras se sigue a la espera del nuevo sistema, que dividirá al distrito en cinco zonas, pero que el oficialismo demora su tratamiento desde el año pasado, lo que extiende las ganancias y la irregularidad vigentes. Todo da muestra de que se trata de uno de los servicios preferidos por la gestión macrista, que desde su asunción a fines de 2007 aumentó su valor en un 5300 por ciento.
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