Vulneraciones tras las rejas: ni salud ni trabajo

Las rejas las separan del mundo. Hay un motivo que las llevó hasta ahí y que está documentado en innumerables pilas de papeles, sellos, sentencias que conforman expedientes y una realidad precaria, excluyente y dificíl del otro lado de esas rejas, en las cárceles argentinas. Según las estadísticas oficiales publicadas por la Procuración Penitenciaria en este momento hay una población carcelaria de 11.264 personas sólo en las cárceles federales, de las cuales 682 son mujeres y 23 personas trans. Tras las rejas se vive, se gesta, se materna y a veces, también se muere. ¿Cómo transcurre la vida de las mujeres y personas LGBTI privadas de la libertad?

Colectivos sobrevulnerados en prisión

La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo de control y monitoreo de derechos vulnerados en contextos de encierro: en comisarías, cárceles, prefectura, gendarmería, siempre que estén dentro del ámbito federal. El último informe publicado por este organismo da cuenta de la difícil situación de las mujeres y personas del colectivo LGBTI+, agravada por la pandemia. Se señala la deficiente atención médica antes y después de la pandemia (hubo 3 muertes desde 2020), la superpoblación y gestión arbitraria de los espacios en caso de contagios, la precariedad en elementos de higiene básicos, entre otros. Mientras el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) estuvo vigente, las internas dejaron de recibir a familiares y amigos y las ayudas que éstos les acercaban faltaron. La restricción de las visitas de organismos oficiales, organizaciones sociales y familiares provocó en la población LGBTI+ mayor desprotección y vulnerabilidad.

En marzo de 2020 la Cámara Federal de Casación publicó una acordada con recomendaciones de medidas alternativas al encierro para mujeres y personas gestantes o que convivían con sus hijes en las cárceles federales. Es así que de tener 22 niñes viviendo en las cárceles en 2019, en la actualidad quedan 2, además de 5 embarazadas. Sin embargo, se denuncia que no existe acompañamiento socio económico para las mujeres que continúan cumpliendo condena con estas medidas alternativas.

Durante el 2020 se efectuaron reclamos vinculados al acceso al trabajo, a la falta de medidas preventivas en los talleres productivos y al mantenimiento del cobro salarial por parte de las personas detenidas en cárceles de mujeres. ¿Qué pasaba? Si decidían no ir al taller por ser personas de alto riesgo ante el coronavirus, se les descontaba la jornada.

Todo por hacer

¿Qué medidas pueden tomarse para que la vida de estas personas privadas de la libertad mejore? Ariel Cejas Meliare, Procurador adjunto interino de la Procuración Penitenciaria, habló con Tiempo Argentino y dijo que “en primer lugar hay que dotar de más recursos a las áreas de salud, no hay hospitales en todas las cárceles, no hay personal médico suficiente y sobretodo (es necesario) que ese personal médico no dependa del servicio penitenciario sino del Ministerio de Salud”.

Con respecto a la situación que viven las mujeres y personas gestantes, contó que se han reanudado muchas de las actividades como las visitas, jardines maternales y de infantes. “Sin embargo podemos decir que la experiencia de la pandemia en esta población particular fue especialmente difícil, en cuanto a la situación de mayor aislamiento que pasaron y de mayor soledad en su experiencia de maternar”, aseguró. Es que la pandemia también dejó en evidencia algo que ya se sabía pero de lo que nadie hablaba: la cárcel no es un espacio apropiado para alojar a mujeres o personas en gestación como tampoco a madres con sus hijes. “En este sentido tenemos que seguir insistiendo en que estos casos puedan acceder a medidas alternativas a la prisión, tal cual lo expresa la ley de arresto domiciliario”, afirmó Cejas Meliare.

La salida es cooperativa

“La cárcel de por sí es racista, clasista y patriarcal, construye y organiza sus comunidades desde esa perspectiva. Nosotres apostamos a construir desde otro lugar, absolutamente antagónico a como se piensa una cárcel, desde la restitución de los vínculos”, cuenta Ayelén Stroker, presidenta y fundadora de la Cooperativa Esquina Libertad que existe desde 2010 conformada por familiares, privades de la libertad, liberades y activistas. La entidad nació dentro del penal de Devoto y da talleres de capacitación en oficios también en otras unidades del sistema bonaerense.  “Al principio de la pandemia, a través de compañeres liberades y familiares fuimos asistiendo a los que estaban en contexto de encierro, poder comunicarnos con los teléfonos fue importante. Nos organizamos para recolectar donaciones de mercadería, verduras y peleamos hasta que nos permitieron retomar nuestros talleres, primero de forma virtual y ahora de a poco, de vuelta a lo presencial”, dice Stroker. Los talleres que dictan son de artes gráficas, imprenta, editorial, serigrafía, sublimación, productora de contenidos, nodo de productos agroecológicos y se hacen dentro de los penales y afuera, en su sede en Villa Crespo. “A nosotres nos toca desandar las huellas que deja el contexto de encierro, el 95% de los que pasaron por la coope no reincidieron cuando hay un índice que es del 60% en el sistema”, afirma.

El saldo trágico

Hace un mes, cuatro mujeres murieron en un incendio en una comisaría en la provincia de Tucumán. Encontraron sus cuerpos abrazados en el fondo de la celda, días atrás se habían manifestado por las malas condiciones en que vivían ya que por falta de lugar en las cárceles de la provincia cumplían allí su condena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto llamó al Estado argentino a investigar las responsabilidades y a tomar medidas para prevenir estos hechos. Al respecto, el procurador Ariel Cejas Meliare, condenó la muerte de las mujeres y contó que el problema de las comisarías se da en la mayoría de las provincias. “Donde no se daba esta situación era en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires pero en estos últimos 2 años, a raíz de la superpoblación de las cárceles federales, son más de 700 detenidos en las comisarías que deberían estar en cárceles federales porque están a disposición de jueces nacionales”.