Weretilneck le declaró la guerra a la protección ambiental en Río Negro

Con el declarado propósito de garantizar supuestas inversiones nacionales y extranjeras para explotar recursos naturales, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck parece haberle declarado la guerra a la protección del ambiente, a la vida silvestre y a la legislación que las regía. No fue un ataque ejecutado de un día para el otro sino un planificado desmonte estratégico escalonando a poco de heredar la gobernación en 2012, tras la muerte del caudillo peronista Carlos Soria.

Minería en glaciares, canteras silíceas, hidrocarburos, desprotección de fauna silvestre y centrales  hidroeléctricas en la alta montaña son, entre otros, los rubros que jalonaron su política antiambiental que lo llevó a colocarse en la frontera de la Ley o de sus procedimientos, con garantía de impunidad.

El más reciente de ellos fue la entrega secreta de permisos para cateo minero de oro, plata y cobre y Zinc en una zona de glaciares y nacientes de agua en el Cerro Carrera, al sudeste de Bariloche. La concedió a la empresa Tamar Mining que opera junto con la firma Rexys SA bajo el paraguas corporativo del holding Meriodion del Plata, que dice representar a un abanico de empresas canadienses e israelíes (seguridad, armas, rastreo satelital, inteligencia empresarial, entre otras) pero no está registrada bajo ese nombre en los organismos oficiales de la Argentina, según verificó Tiempo Argentino.

Weretilneck se anticipó a los deseos del presidente Javier Milei para entregar los glaciares a las mineras transnacionales pero ocultó el permiso y no lo publicó en el Boletín Oficial. La concesión  choca además con la Ley 26639, conocida como Ley de Glaciares, que la Casa Rosada pretende eliminar.

Cuando este escándalo había escalado al ámbito nacional con proyectos de declaraciones en el Congreso Nacional y denuncias explícitas en la audiencia pública de la Cámara de Diputados, tras la publicación de Tiempo Argentino, Weretilneck dio marcha atrás con el proyecto: hizo circular extraoficial y acotadamente el viernes un comunicado por WhatsApp, pero al cierre de esta edición no lo había oficializado en la  web de la provincia ni en las redes sociales del gobierno provincial. Allí intentó negar el permiso de cateo minero en el cerro Carrera y alegó que el proyecto había sido rechazado, pese a que días atrás continuaba adjudicado en el catastro minero. Retrocedió y de manera desprolija.

Diferente fue el caso de los 284 permisos de explotación para canteras de arenas silíceas con presunto destino al fracking petrolero de Vaca Muerta que Weretilneck entregó a Claudio Cicarelli, sindicado como testaferro del presunto narco extraditado a Estados Unidos, Federico “Fred Machado”, pareja de la diputada nacional Lorena Villaverde, encarcelada en 2003 en Miami cuando compraba cinco kilos de cocaína, y financista del exdiputado nacional José Luis Espert.

Aquí sí publicaron las entregas en el Boletín Oficial a través de su pareja, la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini. Las inversiones “extranjeras” de Machado en Río Negro comenzaron en 2016, tiempo después de reuniones que el supuesto narcotraficante mantuvo con Weretilneck y un representante de la Unión de Bancos Suizos (UBS), Javier Naselli, exesposo de la vedette Vicky Xipolitakis.

Lo sugestivo de aquella entrega de 284 canteras a Cicarelli, es que el propio presidente de YPF, Horacio Marín, reveló en una entrevista televisiva que las arenas silíceas de Río Negro no servían para el fracking en Vaca Muerta por su alta granulometría. Nadie explicó tanto fervor narco por algo inútil que el gobernador igual concedía.

Weretilneck igualmente cruzó sin retorno el Rubicón cuando concedió permisos de operación en Río Negro a la petrolera británica Habour Energy, que tiene prohibido actuar en la Argentina por haber realizado, entre 2012 y 2022, Off Shore ilegal en aguas circundantes a las Islas Malvinas con permiso de la ocupación colonial de los kelpers.

Habour Energy lo hizo con el nombre de Premier Oil en el yacimiento Sea Lion, ubicado a 218 kilómetros al norte de Malvinas. Por esa razón la empresa fue sancionada por el Estado nacional, condenada y embargada por la Justicia Federal, que procesó a sus directivos por violación de las leyes 26695 y 26915, regulatorias de la explotación petrolera en la plataforma continental argentina.

El gobernador le permitió a la petrolera Harbour/Premier ingresar al consorcio Southern Energy SA para la exportación de gas natural licuado (GNL) desde dos viejos barcos de licuefacción que serán anclados por algún tiempo en el Golfo de San Matías, un santuario de vida marítima protegido por la ciencia argentina y donde las ballenas transitan cada año en su ciclo migratorio.

No solo de extractivismo está jalonado el sendero antiambiental rionegrino. A mediados de 2025, con mayoría oficialista y aliados filolibertarios permanentes, sancionó una Ley que habilita la mercantilización indiscriminada de la fauna silvestre, suprime los guardafaunas y pone el área bajo la órbita de Desarrollo Económico, en lugar de Ambiente

Colmada de eufemismos la Ley habilita la captura, cría y comercialización de animales sin diferenciar especies protegidas o en peligro de extinción, con vida o como material biológico. Los cotos de caza, donde los superricos disfrutan de asesinar animales indefensos con mira telescópica, pasaron a llamarse “actividad cinegética” y se encuentran en lodges de la zona cordillerana que un conjunto de corporaciones transnacionales adquirieron de manera fraudulenta mediante testaferros, fideicomisos y empresas fantasmas que el gobierno provincial permitió.

A este listado antiambiental se suman, además, los permisos concedidos al emir de Qatar para construir tres hidroelétricas sobre los 1200 metros y al abandono del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (Anprale) donde en 2025 estalló el incendio forestal que arrasó con vidas, casas y producción del paraje rural Mallín Ahogado, al norte de El Bolsón.