Weretilneck habilitó la mercantilización de fauna silvestre casi sin límites en Río Negro

En un nuevo acercamiento al modelo de sociedad que diseña el régimen de los libertarios, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck logró que su legislatura sancionara en tiempo récord una ley que habilitó la mercantilización casi sin límites de la fauna silvestre de la provincia. La norma fomenta la captura, cría y comercialización de animales vivos o muertos sin diferenciar si se trata de especies protegidas o en peligro, y sea en pedazos o en forma de material biológico.

Para el más neolibertario de los mandatarios de la Patagonia, en adelante casi todas las especies se pueden matar o comercializar con la sola inscripción en un registro que se encuentra bajo el control del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, y no del área de Ambiente como era hasta hace poco.

Sin consultar a universidades nacionales, a centros de estudios especializados, a los Guardafaunas, al CONICET o a organizaciones internacionales, Weretilneck redactó un proyecto en la soledad del Palacio, lo envió a la Legislatura el lunes 30 de junio y logró que su bloque lo votara en tiempo récord el 3 de julio, con sólo un pequeño debate en comisión y sin habilitar cambios de ninguna naturaleza pese a los cuestionamientos de gran parte de la oposición.

“Régimen Provincial de Gestión Integral Silvestre”, se llama la Ley 5796 que viene a reemplazar a la Ley Q N° 2056, de 1985, que establecía un estricto orden de protección de la fauna nativa patagónica y una regulación sobre las especies exóticas introducidas.

La nueva Ley rionegrina va incluso más allá del Decreto de Necesidad y Urgencia 133/25 con que el presidente Javier Milei habilitó el 26 de febrero pasado la comercialización y exportación de animales vivos, en lo que fue el primer paso para destruir el sistema legal de protección animal que comenzó a gestarse en la Argentina en 1891.

Uno de los aspectos en que se revela la naturaleza mercantilista de la Ley se encuentra en un detalle: en gran parte de su redacción la fauna es denominada “recurso”, y no seres vivos o simplemente animales o fauna.

También abunda en eufemismos que evita mencionar lo que fomenta, como el de llamar “capturar especies” cuando se refiere a matarlas en los cotos de caza donde los millonarios se divierten asesinando animales a la distancia con mira telescópica. De hecho, los cotos de caza no son denominados de esa manera sino que la Ley los define como lugares de “actividad cinegética”.

La norma también disuelve al Cuerpo de Guardafaunas y crea a los “agentes de inspección”, cuya única función especificada en el texto es la de verificar los permisos habilitantes de comercio o caza. En Río Negro los guardafaunas ya habían sido desmantelados con el tiempo, al punto que se encuentra integrada por solo cinco miembros y sin movilidad para una superficie de 203.000 kilómetros cuadrados.

“Destruyen un equipo de trabajo conformado durante años por personas experimentadas, comprometidas, honestas y con conocimiento profundo de la fauna silvestre en el territorio”, cuestionó la Fundación de Guardafaunas a la política ambiental de Weretilneck.

Los guardafaunas no solo se desempeñan en el territorio sino que tienen la tarea aún más importante de capacitar a la Policía provincial para abordar los casos de caza furtiva y tráfico ilegal de especies protegidas, lo que en adelante ya no existirá porque la nueva ley no completa el reemplazo de esa actividad.

Para la senadora nacional rionegrina Silvina García Larraburu, la norma “ataca la biodiversidad y, producto de desmantelamiento de controles, habilita a caza furtiva y el tráfico ilegal de especies autóctonas”.

Todos sus críticos advierten que esta norma que desprotege a la fauna silvestre, “va de la mano del desmantelamiento acelerado y profundo el gobierno provincial viene realizando de todas las áreas vinculadas a la protección del medio ambiente”.

Tal afirmación se verificó, al menos en parte, durante los incendios que en febrero pasado afectaron al Paraje Rural Mallín Ahogado, al norte de El Bolsón, cuando salieron a la luz las responsabilidades políticas del gobernador Weretilneck y del intendente local Bruno Pogliano por haber desoído por años las decenas de advertencias científicamente fundadas de que estaban dadas las condiciones para que se produjera un incendio forestal de interface como el que finalmente se produjo.

El artículo 7 llega a alentar las matanzas de “poblaciones que pudieran ocasionar perjuicios a las actividades productivas”. Aunque no se anima a mencionarlo se refiere implícitamente a los guanacos, el camélido patagónico autóctono e indomesticable que vaga libre por la Estepa y la Precordillera, pero que es detestado por los ganaderos ovinos debido a que les compite por el alimento a sus multitudinarias majadas.

“Especies perjudiciales” las llama la nueva Ley. Son casos analógicos al de las Corporaciones Inmobiliarias del AMBA que construyen barrios cerrados sobre humedales que son hábitat natural de los carpinchos, pero luego se escandalizan y quieren matarlos cuando se pasean por sus jardines y les mastican las flores.