¿Y el Estado dónde queda?

Dentro de los tres temas prioritarios que eligió tratar el G20 está el «Futuro del Trabajo». Bajo ese título se discuten múltiples problemas que afectan el presente y el devenir de millones de trabajadores en el mundo. En tanto se trata de un foro de países, el G20 no emite normativas, pero sí establece consensos. Sobre ellos es importante estar advertidos, porque los enfoques determinan el modo de entender los problemas y definir las posibles soluciones.

Uno de los ejes a partir de los cuales se suele abordar «El Futuro del Trabajo» es el del impacto tecnológico. La destrucción de puestos de trabajos que podría generar la robotización y automatización de la producción, sumada a la digitalización y los avances de la inteligencia artificial, suele ser el fantasma que sobrevuela todos los debates. Pero, hay que decirlo, la tecnología no implica sólo la incorporación de máquinas. Genera ante todo una reorganización de los modos de producción y gestión del empleo. El enfoque elegido por el G20 para «El Futuro del Trabajo» está puesto en los esfuerzos que deben hacer los propios trabajadores para mejorar su empleabilidad, su capacidad para prepararse para vivir en la incertidumbre, para incorporar habilidades, para desarrollar su espíritu emprendedor. ¿Y el Estado dónde queda? ¿Qué pasa con las medidas regulatorias que organizan el empleo a nivel nacional y mundial?

Si el trabajo en plataformas es una preocupación, los Estados harían bien en fiscalizar y regular los algoritmos que utilizan. Si el ingreso de capital extranjero es la clave para generar nuevos empleos, exigir condiciones de desempeño a las inversiones ayudaría a ese fin. Si la inclusión, la formalidad y el trabajo decente son las metas del futuro, analizar los resultados negativos de las experiencias de flexibilización laboral a nivel mundial sería un sano ejercicio.

Igualmente auspicioso sería evitar los recortes presupuestarios a instituciones de protección social, si se desea realmente desarrollar una economía del cuidado que permita a más mujeres incorporarse al mercado del trabajo. Lamentablemente ninguno de los Estados que participan del G20, ni el país anfitrión (que acaba de autorizar el trabajo infantil rural), parecen transitar ese camino. «

*Asesor de la Secretaría de Estudios, Estadísticas en Investigaciones de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)