Ya se necesita casi un cuarto del salario mínimo para pagar los servicios públicos

El nuevo cuadro tarifario de los servicios públicos del hogar y el transporte generó una drástica modificación en la estructura de gastos de las familias argentinas. Según un informe de la Observatorio de Política Públicas de la Universidad de Avellaneda “el proceso de recomposición del precio de los servicios públicos puesto en marcha desde 2016 fue el más abrupto de la historia argentina”. A su vez, implicó una “notable transferencia de recursos” toda vez que fue el resultado de una fuerte quita de subsidios compensada, desde el punto de vista tributario, por una quita de retenciones a las exportaciones primarias, en particular la minería y el sector agrícola. Además, en las cuentas públicas, escalaron los fondos destinados a los servicios de deuda pública en una proporción superior que la propia quita de esos subsidios económicos.

Como resultado, el peso de los servicios públicos sobre los ingresos de los trabajadores de nuestro país sufrió un alza drástica. En comparación con el salario mínimo pasó de un 6% en 2015 hasta un 23,5% en septiembre de 2018. En el caso del salario promedio esa relación se eleva de un 2,1% en 2015 hasta un 7,2% en la actualidad.

Con una suba de 17,5 puntos en términos relativos sobre el SMVM se trata del incremento más importante en el período entre todos los países de la región. Resultado de esa evolución, la Argentina ya se ubica en el tercer puesto entre los países de América del Sur en el ránking que mide el peso de los servicios públicos sobre el haber mínimo. Sólo es superada por Venezuela donde alcanzan un 36,5% del salario mínimo y por Chile con un 24,9%. En el segundo caso, sin embargo, la evolución es descendente toda vez que en 2015 el peso de las tarifas equivalía a un 26% del mínimo. De este modo, es posible prever que, en pocos meses más, la Argentina podría ocupar el segundo lugar.

De hecho la situación no parece haber tocado techo toda vez que, el Presupuesto 2019 establece una nueva reducción en el peso de los subsidios económicos llevándolos desde el 2,2% del PBI pautado en 2018 hasta un 1,6%. La diferencia se trasladará a las tarifas que deberán afrontar los consumidores y que ya acumulan desde 2016 incrementos acumulados del 2057% promedio para el caso del gas, 1491% para la energía eléctrica y un 1000% para el agua. El transporte público, además, acumula subas de un 375% para el caso de los ferrocarriles, un 332% para los colectivos y un 177% para el subterráneo. Los peajes lo hicieron en un 677%. Impuestos regulados por el Estado como el Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL) escalaron un 135% y las prepagas un 157%. 

En el período analizado, que va desde diciembre de 2015 hasta la actualidad, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció un 120,3% acumulado mientras que el ítem vivienda, que incluye entre otros rubros el costo de los servicios, lo hizo en un 229,7%. Se trata de un crecimiento casi un 50% superior a la media de los precios.

El estudio logra refutar el argumento oficial acerca de un supuesto derroche de los consumidores durante los año previos al 2015 amparados en las tarifas bajas y los subsidios. Según demuestran los técnicos del Observatorio, basados en datos oficiales, el consumo de gas, electricidad y agua, durante el período estudiado y en el contexto de las actualizaciones de tarifas, lejos de disminuir se mantuvo constante y en algunos casos se ha incrementado demostrando que se trata de bienes inelásticos a las tarifas y que su uso responde a necesidades básicas de las personas.  

El estudio de la UNDAV, además, explica que la suba de las tarifas no guarda una proporcionalidad directa con la quita de los subsidios como resultado de la política de dolarización que implementó este gobierno y que generó una escalada tarifaria superior a esa quita. En los hechos sirvió para catapultar las ganancias de las empresas distribuidoras que obtuvieron variaciones en sus utilidades netas entre el primer semestre de este año y el anterior de hasta un 674% para el caso de Edelap o del 240% para Edenor y 174% para Edesur. En el caso de las distribuidoras de gas los resultados, con algunas excepciones, también son positivas en hasta un 321% ((Gas del Centro) o 283% (Fenosa).