Además, el informe del Registro Nacional de Femicidios indica que el 8% del total de los femicidas registrados en 2017 pertenece o perteneció a una fuerza de seguridad.

«El Estado debe actuar de manera urgente formando a las fuerzas de seguridad, es inconcebible que un funcionario que debe garantizar nuestros derechos humanos, sea quien asesine a las mujeres con la misma arma que se le proporcionó para protegernos, sostiene Raquel Vivanco, coordinadora de MuMaLá.
Desde 2008 ya son 130 los asesinos que en algún momento vistieron uniformes el dato es alarmante. Por si queda alguna duda sobre la gravedad del fenómeno, Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires debió crear una división especializada en violencia de género: el 16,5 % de los sumarios iniciados a los efectivos tienen que ver con esta problemática.
Para Vivanco, el papel represivo de las fuerzas de seguridad está relacionado con la falta de formación y capacitación a los efectivos, de parte de las distintas instituciones.
El Estado explica tiene que aplicar las leyes y una es capacitar y formar a los agentes públicos. Pero en la mayoría de los casos, estos funcionarios desconocen las leyes de protección de las mujeres. Por ejemplo, ignoran la existencia de la ley 26485, que habla de nuestro derecho a no sufrir violencia sexual, psicología, obstétrica y de ningún tipo.
Desde la Auditoría de Asuntos Internos de la Bonaerense reconocen que los sorprendió la cantidad de denuncias por violencia de género entre sus filas. Lo que llama la atención confía una fuente es que no se trata solo de casos de violencia contra las esposas o ex parejas, sino también contra compañeras de trabajo.
Para Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, la violencia que ejercen los miembros de las fuerzas de seguridad no solo la sufre la mujer (que luego será asesinada), sino también el resto de la familia o círculo íntimo, producto del temor que infunda la portación del arma reglamentaria.
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