La residencia Apart Incas fue clausurada la semana pasada. Otros dos ancianos están en situación "irreversible". El desmanejo en esos establecimientos provocó miles de víctimas en Europa, sobre todo en Lombardía. El gobierno inglés recién ahora comenzó a computarlas.

La muerte por coronavirus de una mujer de 95 años, confirmada a la agencia Télam por el abogado Ignacio Trimarco, que representa a los familiares de varias personas que residían en el establecimiento de Avenida de los Incas 3093, suma un nuevo elemento a la causa contra los dueños y la directora médica del geriátrico.
El expediente, que se había iniciado para investigar el abandono de persona de los ancianos contagiados en el lugar, ahora se caratula como abandono de persona seguido de muerte, reiterado en cinco hechos, por lo que se pidió la detención de los imputados, entre ellos, Hugo Eduardo Visca y Luis Daniel Megyes, propietarios de la residencia para mayores.
Quien debe decidir sobre los pedidos de detención es la jueza porteña María Lorena Tula del Moral, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°13. Por otra parte, el letrado de los familiares solicitó que la causa pase al fuero federal.
Los ancianos fallecidos eran todos mayores de 85 años, obviamente dentro de los grupos de riesgo cuya integridad debe preservarse durante la pandemia de Covid-19, tarea en la que la administración del geriátrico claramente falló, y cuya responsabilidad la justicia investiga.
Un total de 25 adultos mayores residentes en el lugar fueron derivados por el SAME a distintos centros de salud, cuatro de los cuales fallecieron. Una mujer ya había muerto dentro del geriátrico. Y otros dos ancianos, aseguró Trimarco, permanecen sedados, “en situación crítica e irreversible, esperando el desenlace».
Situaciones similares, de negligencia ante la presencia de personas con síntomas del virus en residencias para adultos mayores, parece estar en los episodios de contagios masivos en la tercera edad en países europeos.
En Italia, la justicia ya abrió varias investigaciones por abandono de personas e irregularidades en el manejo de la crisis dentro de estos establecimientos, sobre todo en la región de Lombardía, la más afectada por la pandemia. Sólo en un asilo de ancianos, el Pio Albergo Trivulzio, el más de grande de Milán, con capacidad para mil residentes, las autoridades están acusadas de “homicidio involuntario y epidemia involuntaria”, ante la muerte de unas 180 personas. En el lugar quedan todavía 308 pacientes infectados
De hecho, los fiscales milaneses creen que muchos adultos mayores fallecidos en residencias ni siquiera fueron computados entre las más de 13 mil muertes confirmadas por coronavirus en toda Lombardía.
Un dato demográfico clave ayuda a comprender el fenómeno, más allá del colapso general que provocó la pandemia en el frágil sistema de salud italiano: Lombardía tiene el 20% de los geriátricos del país y el promedio de edad más alto.
Pero dos torpes decisiones de las autoridades colaboraron para que la tragedia se multiplicara. El 8 de marzo, y para liberar camas en los hospitales, el gobierno regional permitió que pacientes en recuperación se alojaran en residencias. Y el día 30, ordenó a los directores de geriátricos que no hospitalizaran a sus internos mayores de 75 si tenían otros problemas de salud.
También en Inglaterra las muertes de ancianos en residencias provocaron una polémica, al quedar fuera de los cómputos de víctimas por el coronavirus. El martes, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, admitió que a la cifra de decesos había que agregar al menos 4343 muertes en residencias de Inglaterra y Gales, acaecidas desde el 10 de de abril, y aduciendo que esa contabilidad “previamente no era posible”.
Hasta ahora, el gobierno británico sólo computaba las víctimas de Covid-19 fallecidas en hospitales, pero no en casas o establecimientos que albergan a adultos mayores. En la misma rueda de prensa, Hancock anunció que se harán tests a residentes y personal de todos los geriátricos.
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