Las y los manifestantes reclaman el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho informó en un comunicado que siete personas murieron y otras 52 resultaron heridas en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad cuando trataban de tomar el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte.
El gobierno regional de Ayacucho responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte y a los ministros del Interior y de Defensa, César Cervantes y Luis Alberto Otárola, respectivamente, por lo ocurrido en su jurisdicción.
«Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú contra nuestra población, condenamos todo acto de vandalismo», señaló el Ejecutivo local.
La Policía Nacional del Perú respondió con un llamado a los habitantes de Ayacucho para «evitar acciones contra el orden democrático».
«Exhortamos a la población ayacuchana a evitar acciones que vayan contra la tranquilidad pública y el orden democrático, no dejándose convencer por azuzadores y violentos quienes, con sus acciones, inducen a otros a enfrentarse a las fuerzas del orden», tuiteó la fuerza de seguridad.
En tanto, Boluarte trasladó su más sentido pésame a las familias de los fallecidos: «Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos». «Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz», escribió en su cuenta de Twitter quien era la vicepresidenta de Castillo.
Con la confirmación de las autoridades de Ayacucho, el balance de muertos por las protestas se elevó a 15 personas, aunque la oficialización tardía de los fallecimientos genera confusión en el número real. Las movilizaciones en Perú comenzaron tras la destitución y detención de Castillo el pasado 7 de diciembre, quien previamente había anunciado la disolución del Congreso y el establecimiento de un «Gobierno de excepción».
Un juez accedió este jueves a un pedido de la fiscalía para mantener en prisión a Castillo preventivamente por 18 meses e investigarlo por rebelión y conspiración.
Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho). Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
Ante las manifestaciones, el Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. «Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero», dijo la Defensoría del Pueblo tras las muertes en Ayacucho.
«Expresamos nuestra seria preocupación por el incremento de la violencia en Perú y lamentamos profundamente la muerte de 15 personas», indicó en Twitter la misión en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
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