«Yo me despojé hasta de mi propio nombre»

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego acaba de hacer historia. El miércoles pasado condenó a tres explotadores sexuales a penas que van de los tres a los siete años de prisión. Pero el dato más relevante es otro: por primera vez, el Estado deberá pagarle a la víctima, Alika Kinan, por haber generado las condiciones y el escenario legal para que las mujeres sean explotadas sexualmente en la ciudad más austral del mundo. “Es un logro importante para todas las mujeres y sobre todo para las víctimas de trata. Esto nos da fuerzas para seguir trabajando. Logramos sentar a la Municipalidad de Ushuaia al lado de los proxenetas”, resumió a Tiempo la propia Alika, quien fue rescatada el 9 de octubre de 2012 del local nocturno Sheik junto a otras seis chicas.

Tal como informó Tiempo esta semana, por mayoría, los jueces Ana María D´Allesio, Luis Giménez y Enrique Guanziroli, condenaron al dueño de Sheik, Pedro Montoya, a siete años de prisión y al pago de una multa de 70.000 pesos por el delito de “trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas”. En el mismo fallo, los magistrados establecieron penas de tres años de prisión en suspenso para la pareja de Montoya, Claudia García, y para Lucy Alberca Campos, una ciudadana peruana que estaba encargada del prostíbulo. Por su parte, García deberá abonar una multa de 30 mil pesos. Además, la Municipalidad de Ushuaia fue condenada a pagar 780 mil pesos por haber facilitado a través de ordenanzas y falta de controles, las condiciones para la explotación sexual de mujeres en la ciudad. Cabe recordar que el lugar contaba con habilitación y se exigía, por normativa local, la libreta sanitaria a todas las jóvenes. Este fue el primer juicio en el que una víctima de trata es incluida como parte querellante durante un proceso judicial. “Esto habilita a iniciar otras querellas civiles en otras causas que tramitan en el país. Además, se decomisó el inmueble donde funcionaba Sheik. Son todos buenos precedentes”, indicó a este diario Viviana Caminos, titular de la Red de Alto al Tráfico y la Trata que contiene a decenas de organizaciones que luchan contra la explotación sexual y laboral.

“En zonas portuarias de la Patagonia como esta, la sociedad se comporta de una manera muy particular: es cómplice y naturaliza que las chicas sean traídas engañadas y que vivan en pocilgas. La prensa y parte de la comunidad local hostigó a Alika hasta el día de la sentencia”, agregó Caminos, quien precisó que los medios trataban a la víctima como “alternadora” y a los proxenetas como “empleadores”. Días antes del juicio, los acusados mostraron su peor cara. “Fueron a tocarle el timbre al padre de mis hijas (un ciudadano español que vive en Europa), quien dijo en varios diarios barbaridades sobre mí e hizo circular un video de una adolescente teniendo sexo con un adulto como si se tratara de nuestra hija más grande, la de 16 años, como si yo la llevara por el camino de la prostitución. Luego se comprobó que no era ella”, se quejó con rabia Alika. Debido a las amenazas y el hostigamiento que sufrió la mujer en la previa del debate oral, la justicia puso a disposición una custodia de al menos tres gendarmes. “Querían desestabilizarme”, aseguró la víctima.

“Quienes defendían a los tratantes utilizaban como argumento que Alika, después de ser rescatada y de no tener mucha suerte laboral, volvió a prostituirse. Ella, como muchas otras, les cuesta considerarse víctimas”, dijo Caminos. Sin embargo, Alika hizo un cambio radical cuando tomó conciencia de la desigualdad que había entre los explotadores, la policía corrupta y el Estado que prefería mirar a un costado. La situación de la mujer, indefectiblemente, estaba poco balanceada. A partir de ese momento, se convirtió en una activa militante en contra de los tratantes. La mujer ahora sostiene que “el Estado debe hacerse cargo de su participación en este delito tan grave. Por eso debe reparar a las víctimas”. Alika impulsa, al igual que otras organizaciones políticas y sindicales, que el Congreso apruebe un proyecto de Ley que contempla que se otorgue una pensión especial a las chicas rescatadas en los operativos policiales y judiciales. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado, que la votó por unanimidad, pero en la actualidad “descansa en un cajón de la Comisión de Presupuesto”, puntualizó Alika quien analizó: “Necesitamos esa herramienta a la mayor brevedad, porque la Ley de Trata es muy buena, pero le falta su hermana gemela. No hay políticas públicas claras para nosotras, las sobrevivientes”.

“No estaba segura de si íbamos a ganar el juicio. Esto no lo confesé públicamente. Pero tuve mucho miedo incluso de que la justicia ni siquiera me reconociera como víctima, y que perdiera toda mi identidad, mi ser, porque yo me despojé hasta de mi propio nombre”, concluyó Alika, quien se defendió: “Sé que no soy muy emocional y demostrativa pero estoy muy feliz y conforme con este resultado.”