YPF-Chevron: se reveló que es un préstamo entre sociedades offshore

El diputado nacional Rubén Giustiniani denunció que el acuerdo entre Chevron e YPF por el cual la empresa estadounidense invertirá en los yacimientos de Vaca Muerta es “un emprendimiento entre dos empresas off shore radicadas en paraísos fiscales”. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que difundió el contrato de concesión que las dos partes habían mantenido en secreto y que la Corte Suprema de Justicia obligó a difundir.

El contrato otorgó a Chevron la concesión por 35 años de una parte del yacimiento ubicado en la provincia de Neuquén, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial. El acuerdo se había formalizado en agosto de 2013, aunque sus cláusulas jamás habían sido reveladas públicamente, ya que las partes se amparaban en la existencia de una cláusula de confidencialidad.

«En la primera frase del acuerdo consta que Chevron Overseas es prestamista e YPF Shale Oil Investment One es tomador, o sea que no es una inversión directa sino un préstamo que una subsidiaria off shore da a otra subsidiaria off shore», reveló el legislador socialista ante el periodismo en el hotel Apart Congreso de la Capital Federal. Las dos firmas involucradas tienen sede en las Islas Bermudas y en el distrito estadounidense de Delaware, respectivamente. También participan otras compañías como Wakler Investment S.A, YPF Shale Oil Holding LTD (con sede en Bermudas), YPF Shale Oil Investment Two y Compañía de Hidrocarburos No Convencional SRL. “Es un entramado de sociedades offshore que por ejemplo licúa las futuras responsabilidades de Chevron ante perjuicios ambientales”, señaló Giustiniani.

Las sospechas tienen relación con la técnica de fracking que se planea utilizar para extraer el gas y el petróleo. Consiste, básicamente, en inyectar líquidos a alta presión en un pozo previamente encamisado para provocar una fractura en el subsuelo que permita la salida del gas y del petróleo. Ese método es criticado por organizaciones ambientalistas que denuncian el riesgo de contaminación de los acuíferos subterráneos y también en la superficie, a raíz de la migración de gases y productos químicos utilizados. La compañía estadounidense ya afronta un multimillonario juicio en su contra en Ecuador, donde fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales que produjo su filial Texaco, y se estima que la cobertura de una sociedad offshore le permitiría eludir cualquier reclamo judicial por un motivo similar. También, por supuesto, hay sospechas sobre una posible maniobra para eludir el pago de tributos: “Todos sabemos que las off shore se hacen para evadir impuestos, por lo cual puede que exista un perjuicio al fisco argentino”, consideró Giustiniani. El contrato, precisó, está escrito en inglés, se rige bajo las leyes de Nueva York y en caso de diferendos, prevé la participación de un tribunal arbitral con sede en París.

El legislador socialista, representante de la provincia de Santa Fe, estuvo acompañado por el senador Fernando Solanas; la diputada Alicia Ciciliani; el presidente de la asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino; el líder de Unidad Popular, Claudio Lozano, y el ex fiscal anticorrupción y diputado Manuel Garrido. En la ocasión se anunció la entrega de copias del convenio al Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Defensoría del Pueblo, para su análisis.