El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dispuso la baja obligatoria de las filas de la Armada Argentina de seis militares con sentencia de condena firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, medida que fue destacada por organismos de derechos humanos y la titular del Inadi, Victoria Donda.

La cartera castrense quitó el estado militar a los represores Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías, que pertenecían al grupo de tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

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«El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la causa, notificó al Ministerio de Defensa una vez que quedó firme la sentencia para que actúe según lo previsto en la Ley N° 19.101 para el Personal Militar que establece la baja obligatoria de los condenados como consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme», informó el ministerio que conduce Taiana.

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, dijo en declaraciones a Télam que siente «orgullo de ser parte de un Estado que le da la baja a estos servidores de los poderes concentrados que utilizaron las armas más violentas que la sociedad argentina conoció». En ese contexto, recordó que Adolfo Miguel Donda, además de ser su tío, fue «uno de los responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada donde yo nací, de las torturas a mi mamá mientras estaba embarazada de mí, que era su cuñada y yo era su sobrina. Que él sea dado de baja continúa con un camino de nuestras Fuerzas Armadas de construirse como una institución dentro del sistema democrático y al servicio de la sociedad argentina», sostuvo Donda.

El exjefe de operaciones del grupo de tareas 3.3.2, Adolfo Donda, es hermano de José María Donda y cuñado de María Hilda Pérez, ambos detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y padres de la actual titular del Inadi, quien nació en cautiverio en el centro de detención ilegal que funcionaba en la Esma.

Además, diversos organismos de derechos humanos celebraron la decisión del ministro de Defensa de dar la baja a los seis militares condenados y recordaron que «estos genocidas mantienen los pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las miles de víctimas». Así lo expresaron a través de un comunicado desde Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.