El Fondo Nacional de las Artes y Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) se ven afectados por dos decretos presidenciales que restringen sus funciones. El documento de la Unión de Escritoras y Escritores.
El Fondo Nacional de las Artes (FNA) tiene entre sus funciones principales estimular las expresiones culturales a través de créditos, becas y subsidios para los creadores. El decreto lanzado por Milei apunta, precisamente, a cambiar este régimen de manera arbitraria.
El decreto 1029/24 que firman el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos cambia drásticamente esta función del (FNA).
El mencionado decreto establece en uno de sus artículos que “El FNA seguirá promoviendo principalmente a través de créditos dejando en un segundo plano ayudas como becas o premios. Estos créditos se destinaran a la adquisición de bienes inmuebles y maquinarias necesarios para el desarrollo artístico”.
Pero, y esto es quizá, los sustancial del decreto, es que “se establece que “las operaciones de crédito se denominarán Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) o especies. Los créditos se otorgarán con garantía hipotecaria o prenda y se utilizarán principalmente para la compra o construcción de inmuebles destinados a las actividades artísticas”.
Por otra parte, según lo establece el decreto, las becas y premios sólo podrán otorgarse con fondos propios del FNA. Estos fondos propios serán los que el FNA obtenga de rentas, intereses, donaciones o herencias. Además, los beneficiarios de estas becas y premios serán controlados por el FNA.
Los créditos UVA, que fueron instituidos en su momento por el gobierno de Mauricio Macri, tienen muy malos antecedentes. Basta con preguntarle a saber a cualquier persona que haya solicitado uno que resultaron impagables y altamente perjudiciales para sus supuestos beneficiarios.
Por otra parte, el decreto abre el camino a la participación de los privados en el FNA, a través de las donaciones.
Continuando con las medidas de desregulación, el gobierno derogó el decreto del gobierno de Alberto Fernández 736/2023 que le otorgaba al Centro de Administración de Derechos Reprográficos, (CADRA) una entidad que funciona desde el año 2000 y que tenía la exclusividad del manejo de los Derechos de Autor.
El CADRA, ahora afectado por el nuevo decreto, también deberá resignar también sus otras funciones. La institución se autodefine así: “Somos la asociación de autores y editores de libros, obras fotográficas y otras publicaciones, que protege y gestiona colectivamente los derechos de autor en Argentina”.
“Tutelamos el trabajo de los creadores del sector del libro y de la fotografía, al mismo tiempo que facilitamos a usuarias y usuarios el acceso al material para que puedan utilizarlos y compartirlos legalmente”.
“Asimismo, actuamos en representación de nuestras socias y socios con el fin de recaudar y distribuir los derechos reprográficos por el uso del material protegido por el derecho de autor. La gestión colectiva permite un efectivo ejercicio de esos derechos, a diferencia de la realización de acciones individuales”.
A partir de este nuevo decreto, las cosas cambian drásticamente porque, según lo señala el gobierno, la exclusividad es “una medida contraria a la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores” y que “cualquier autor o editor es libre de disponer de su derecho de propiedad y decidir eventualmente quién y cómo habrá de representarlo”.
De esta forma, a través del nuevo decreto, pese a los argumentos gubernamentales en contrario, los escritores quedarán desprotegidos respecto de sus derechos. El ataque a la cultura continúa, igual que en otras áreas, cercenando derechos y recortando posibilidades.
Como lo señalamos en otras oportunidades, el gobierno nacional suma, sin pausa, medidas y declaraciones que no representan otra cosa que perjuicios para el mundo de las artes y la cultura. No son errores ni opiniones polémicas sino ataques pensados y declarados, entre ellos los que en estos días sufren los libros y los escritores.
Para mayor abundancia, la semana pasada promulgó un decreto modificatorio de la actividad del Fondo Nacional de las Artes (que no logró eliminar, lo que era su intención original). Por el mismo, la entidad solo dará créditos bajo la modalidad UVA, de triste memoria y de riesgo cierto. Y dejará librados a una “utilización eventual” otros mecanismos como las becas y subsidios. Se sabe lo que estas medidas obtendrán: la reducción de los aspirantes y beneficiaros. Como no puede tomar ninguna medida sin acompañarla de una mentira, el gobierno declaró “para la tribuna” que eliminaba los sueldos, que no existen, a los miembros del directorio.
Pero esta misma semana la inició con otro decreto de notorio perjuicio a los derechos autorales, al derogar la norma que otorgaba la exclusividad de la recaudación de los derechos secundarios al Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA). La entidad -constituida por los propios autores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos) y editores de libros y prensa-, recauda y distribuye los derechos de reproducción y ejerce las acciones legales necesarias ante los incumplimientos e ilegalidades. La Unión de Escritores y Escritoras (UEE) tiene un convenio firmado con CADRA para la asistencia jurídica gratuita a sus afiliados y afiliadas, que incluye la orientación, el asesoramiento y, si correspondiera, la consecución del tema.
En una triste y violenta paráfrasis de la famosa frase de Juan Bautista Alberdi, el gobierno nacional ha decidido que gobernar es decretar. Y lo hace sin errores: nunca sus decretos redundan en beneficio de las mayorías.
Aun sin esperanzas de ser escuchados, exijimos al gobierno nacional que dé marcha atrás con estas políticas que perjudican directamente nuestro trabajo y nuestra cultura, y que cese sus ataques a un sector que supo ser un orgullo argentino. Además, solicitamos a todas las organizaciones de las artes y la cultura a manifestarse en contra de estas decisiones y reclamar por los derechos avasallados.
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