Cierra otra clínica en el conurbano con 90 camas y doce unidades de terapia intensiva

El 7 de enero el doctor Atilio Surachi falleció por Covid-19. Era el principal accionista de la Clínica San Andrés, ubicada en Caseros, partido de Tres de Febrero. Sus herederos y familiares, también médicos, semanas después anunciaron que no tenían intención de dar continuidad a la clínica que atiende a una cápita de 18 mil afiliados al PAMI.

En los primeros días de febrero, sin haber cobrado sus haberes de enero, los trabajadores observaron atónitos como los 60 pacientes que se encontraban internados eran trasladados por ambulancias a otros centros de salud. El 7 de febrero, Adriana Surachi, hermana del dueño fallecido y accionista menor de la empresa, no se presentó a una audiencia en el Ministerio de Trabajo e hizo saber a los trabajadores que la clínica, contrariamente a lo que había señalado en la cartera laboral provincial el 2 de ese mismo mes, no seguiría funcionando.

Los trabajadores denuncian que no recibieron telegramas de despidos ni tampoco tienen noticias de que se haya sustanciado un pedido de quiebra. Simplemente los dejaron en un limbo. Así, resolvieron ocupar las instalaciones para preservar sus puestos de trabajo y los instrumentos de trabajo que, de hecho, no parecen nada desdeñables en su valor económico ni obsoletos para la atención sanitaria.

Es que la clínica cuenta con 90 camas de internación, 12 unidades de terapia intensiva (UTI) con sus respectivos respiradores, una unidad coronaria de última generación al igual que un tomógrafo computado. Además, se lamentan, cuentan con insumos en cantidades que, de no reactivarse la clínica deberán ser desechados por su fecha de vencimiento.

La última vez que percibieron un salario fue el 22 de enero cuando les depositaron los de diciembre. Los médicos, contratados bajo la modalidad de monotributo, al no recibir sus honorarios decidieron dejar de ir.

Para los trabajadores resulta insólito que, en vísperas de la segunda ola de coronavirus, se prescinda de infraestructura sanitaria y personal capaz de dar atención especial a los adultos mayores. Los delegados denuncian que los familiares intentaron avanzar en una venta que ellos mismos sabotearon porque valuaron la clínica muy por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Por eso apuestan a encontrar una vía de salida a través del poder político. Primero orientaron su reclamo al municipio de Tres de Febrero, en manos de Diego Valenzuela, de Juntos por el Cambio.

Desde el municipio explicaron a Tiempo que “la Municipalidad los recibió, los contuvo y, más allá de que no sea un tema de competencia comunal, hará todo lo posible para que el PAMI y la Provincia se puedan expedir favorablemente hacia ellos. Lo principal es que no pierdan las fuentes de trabajo».

Por el lado de la cartera laboral apuestan a que aparezca un comprador que garantice la continuidad de la clínica. Pero los trabajadores no pueden ni están dispuestos a seguir esperando y han decidido, en un plenario de organizaciones sindicales el sábado pasado, profundizar la campaña por el fondo de lucha que les permite juntar lo mínimo para sobrevivir y, a la vez, desenvolver un plan de lucha reclamando que el PAMI los absorba para ofrecer atención a parte de los 18 mil afiliados que operan en su órbita.

Por eso el martes 30 realizarán un corte de la Avenida General Paz a la altura de la avenida San Martín y el 7 de abril realizarán un acampe en la sede central del PAMI para lograr una salida como la que consiguieron en su momento los trabajadores del Hospital Francés.