Es por la operatoria con las Letras del Banco Central (LEBAC), que ofrecen una altísima rentabilidad financiera pero escasa o nula incidencia en la actividad productiva.
En condiciones normales, la emisión de LEBAC no sería delito. Se trata de una decisión en materia de politica econónica reservada al Poder Ejecutivo. Una «decisión política no judiciable». Pero después de que el juez federal Claudio Bonadio procesara a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su ex ministro de Economía Axel Kicillof por las operaciones de «dólar futuro», y el fallo fuera confirmado por la Cámara Federal, esa ecuación parece subvertida. En otros términos: si dólar futuro es delito, LEBAC también.
La denuncia recayó en el juzgado federal número tres, a cargo de Daniel Rafecas. Según el texto, el gobierno de Macri mantiene un tipo de cambio artificial (tal cual el argumento de Bonadio en la causa «dólar futuro»). La operatoroa LEBAC alienta la llegada de capitales especulativos y fluye hacia un endeudamiento externo, que ha llevado en pocos meses al país a un aumento sideral de su deuda, es decir, el regreso -ahora bajo formato delictivo- de lo que históricamente fue la razón de la dependencia argentina, del subdesarrollo y la pobreza de una amplia franja de su población.
«Los hechos que venimos a denunciar constituyen actos que han sido considerados, en sede judicial, fraudulentos en perjuicio del estado nacional, es decir de todos sus habitantes, en tanto han sido ejecutados, si seguimos los criterios aplicados en el precedente judicial al que me referiré seguidamente, con plena conciencia de su carácter abusivo, ilegítimo y en franca colisión con los intereses confiados por la ciudadanía, esto es el manejo prudente, institucionalmente adecuado y con fines justos e igualitarios, de los dineros públicos. Eso es lo que votó el pueblo argentino y lo que aseguró en su campaña electoral el actual presidente de la Nación».
En lo estrictamente técnico, la denuncia advierte que las LEBAC equivalen hoy a 685 mil millones de pesos, en tanto que la base monetaria es de 670 mil millones. Es decir que el dinero existente no alcanza para asegurar las operaciones de LEBAC.
La denuncia traza un paralelismo entre las dos causas. Mencionando a la causa «dólar futuro»,la denuncia dice: «en esa operatoria se habría vulnerado el deber de cuidado sobre los fondos públicos, y de fidelidad al titular de esos bienes, el estado nacional. Y por lo tanto, según los jueces Bonadío, Irurzun y Farah, se consumó la figura de la administración fraudulenta agravada, justamente porque el nivel de responsabilidad es el más elevado porque el patrimonio ajeno que se custodia es el de un estado».
Si al párrafo se le cambia la expresión «dólar futuro» por «LEBAC», el resto de las consideraciones no cambian.
«Como venimos señalando con insistencia, la figura típica involucrada es, siguiendo a Bonadío, Irurzun y Farah, la administración fraudulenta (o infidelidad defraudatoria) en perjuicio de la administración pública», parangona la denuncia.
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