Consultoras privadas revisaron de nuevo sus previsiones. El gobierno insiste con los controles en toda la cadena y la reducción del circulante de dinero. No hubo anuncios de mayores retenciones.
La consultora internacional Latin Focus, sin embargo, publicó un relevamiento posterior en el que catorce consultoras ya prevén subas superiores al 80% e incluso una ya pronostica un 90% para 2022.
En los primeros seis meses el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec alcanzó un 36,2%, que es lo que el Gobierno esperaba para todo 2022. En la comparación con junio del año pasado, el indicador alcanzó el 64%.
En esta ocasión los alimentos no fueron el rubro que más aumentó, pero sí el que más incidencia tuvo en la medición final.
En las horas previas a la publicación del informe oficial, el gobierno repitió la estrategia de pedir a las fábricas y supermercados que eviten las remarcaciones en las góndolas y que aseguren el abastecimiento.
Lo hizo en reuniones que mantuvo, primero, con las alimenticias y otras fabricantes de productos de consumo masivo, y después, con los referentes de los supermercados.
El primer encuentro había sido la semana anterior, el 8 de julio, cuando la ministra de Economía, Silvina Batakis, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, recibieron a un grupo de altos ejecutivos de empresas.
Después de escuchar los pedidos de las compañías sobre importaciones, dólar, costos y tarifas, Batakis elaboró la batería de medidas que anunció el lunes 11 y que organizó el debate político-económico el resto de la semana.
El mismo día, Scioli se volvió a reunir con el sector fabril alimenticio y con referentes de los rubros de tocador y limpieza, a quienes extendió el pedido de estabilizar los precios y cumplir con el abastecimiento de las góndolas. Al día siguiente les tocó el turno a los supermercados.
Con las reuniones y las medidas elaboradas, el Ejecutivo buscó dar un mensaje a los formadores de precios sobre la necesidad de contener las subas, pero mientras se hacían estos anuncios y gestiones, las empresas entregaban listados con aumentos de precios a todos los frentes del comercio minorista.
La consultora LCG midió en las dos primeras semanas de julio una inflación del 4% en Alimentos y Bebidas y proyectó que, a ese ritmo, el indicador redondeará el 8,2% a fin de mes.
Lo que se dice una bienvenida a toda orquesta para la ministra y para su flamante secretario de Comercio Interior, Martín Pollera.
El análisis del Centro de Economía Política (CEPA) asoció el duro aumento del IPC en junio, una vez más, al impacto de los precios internacionales, pero también advirtió el fuerte componente especulativo de los sectores empresariales.
Guerra y especulación
Sobre el factor externo, la fuente apuntó a los precios de productos derivados de Trigo, Maíz y aceites que siguen afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania. El CEPA destacó que 27 de los productos que mide el Indec tienen como insumos maíz, trigo o girasol. Pero a la par, indicó que sectores de la formación de precios aprovecharon la renuncia de Martín Guzmán para aumentar sus precios en forma arbitraria.
En el mismo sentido, apuntó que las empresas leyeron que el pago de la segunda cuota del bono de $18.000 para desocupados, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares, fue una suerte de carta blanca para remarcar precios. Lo mismo interpretaron frente a varias actualizaciones salariales y adelanto de paritarias. Otro factor, indicó el centro de estudios, fue el ajuste de precios regulados, como las tarifas.
Como se vio, la tendencia en general es poco alentadora, porque el contexto de inestabilidad política y económica nubla toda posibilidad de estabilizar a los formadores de precios que remarcan no solo por costos y por la concentración que caracteriza al mercado, sino también por expectativas.
Es dura la tarea para el Gobierno, que insiste con prácticas que se aplicaron en los meses previos con resultados conocidos. «
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