Se inscribieron 11,4 millones de personas, tres veces más que el cálculo oficial. Los datos estarán en la web de Anses.
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La cifra muestra la gran cantidad de gente que no está en relación de dependencia y que se vio afectada por el parate económico. La medida de emergencia fue pensada para monotributistas de las categorías más bajas (social, A y B), trabajadores informales, empleadas domésticas y desempleados. Pero la desesperación llevó a muchos que no cumplían la totalidad de los requisitos a inscribirse de todas maneras. De allí que la limpieza de este padrón podría conllevar cierto malestar social.
La diferencia entre los que se esperaba que se anotaran y los que lo hicieron es aun mayor si se cuenta que unos 2,4 millones que ya cobran las asignaciones por hijo (AUH) y embarazo (AUE) no necesitaban inscribirse. Esos grupos comenzaron a percibir la suma extra junto con su cobro mensual desde el viernes y lo seguirán haciendo hasta el martes próximo, cuando finalice el operativo especial dispuesto para la atención en sucursales bancarias.
La gran pregunta es cómo se pulirá un padrón que, a simple vista, tiene un exceso de 8 millones de personas. «Se están haciendo los cruces de información familiar, ingresos, consumos y patrimoniales, para depurar la base de datos y así tener la información ajustada de quiénes tienen el derecho a cobrar el IFE», dijo el titular de la Anses, Alejandro Vanoli.
Para saber si pasaron el filtro, los inscriptos deben entrar desde el lunes en la misma página donde hicieron el trámite (www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia) e ingresar su número de documento. Si la solicitud fue aprobada, el sistema los redireccionará a otro sitio para que ingresen su CBU y puedan recibir la transferencia bancaria.
En la Anses creen que muchos de los que se postularon ya tienen en su grupo familiar jubilados, pensionados, monotributistas de categorías superiores o beneficiarios de otros planes. Eso los excluye, ya que el beneficio fue pensado para los hogares que no tienen ningún otro ingreso.
Ante la masiva inscripción, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitió una resolución que reduce aun más el grupo de quienes podrán cobrar. Allí determinó que «no se considerará configurada la situación de real necesidad» de quienes en los últimos seis meses hayan percibido ingresos por un promedio superior a $ 33.750 (dos salarios mínimos) o que hayan tenido gastos en sus tarjetas de crédito o débito mayores a $ 23.625 (el 70% de ese valor). Además dispuso cruces de información entre la Anses, la Afip y los registros automotores para verificar las rentas financieras, las eventuales declaraciones de bienes personales y si se compraron vehículos.
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