El gobierno de La Libertad Avanza trajo hambre y desesperación en niveles no vistos por su velocidad y profundidad. Toda la política social apunta a consolidar esta nueva radiografía en la que se destacan los casi 2,5 millones de nuevos indigentes. La criminalización de la protesta completa el escenario.
El reciente informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) pinta de cuerpo entero la situación del país: el 49,9% de la población es pobre. Casi la mitad del país se encuentra bajo la línea de pobreza: 23 millones de personas. Esto implica un crecimiento de 8 puntos porcentuales y de 4 millones de pobres con respecto a fines de 2023. La indigencia muestra un escenario igual o más dramático: según un informe de noviembre de 2024 del Centro para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la indigencia alcanza a 6 millones de personas y creció un 76% este año (pasó de 3.410.300 personas a 6.012.772).
Una de las problemáticas más importantes son los indicadores de pobreza infantil. Según la UCA, la indigencia en este segmento etario llega hoy casi al 20% y subió casi 3 puntos porcentuales. La pobreza en los menores de 18 años llega al 65,5%, mientras que en 2023 era de 62,9%.
Desde el gobierno, no obstante, hubo ciertos festejos por estos datos. Es que el informe del Indec de septiembre de este año contabilizaba la pobreza en un aumento de 11 puntos porcentuales al cierre del primer semestre, casi en el 53% de la población. La desaceleración de la inflación (menor al 3% mensual en octubre) posiblemente haya sido la causa de esta baja. Pero en tanto no haya una política de aumento de los ingresos, que ni siquiera empardan hoy con la suba de precios (ver página 6), ese nivel de pobreza tenderá a cristalizarse.
La devaluación del 53% en un día, las desregulaciones económicas del DNU 70/2023 y la Ley Bases, la inflación interanual del 193%, la caída del salario mínimo (cerca de un 25%), la baja del salario real y del poder adquisitivo de un 7,8% en el sector privado y un 26,5% en el público (según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPyPP) y los despidos son algunas de las causas de este deterioro social. También el profundo recorte fiscal.
Motosierra y licuadora
La motosierra fiscal tuvo entre el filo de sus cadenas las partidas sociales. Un informe del IPyPP estudió el asunto en los primeros doce meses de gobierno.
Indica que el recorte de la partida presupuestaria tomando como referencia 2023 es de 24% en “programas de transferencias de ingresos”. De diez programas o tipos de prestaciones siete cayeron en términos reales. El estudio apunta que se creó uno nuevo este año: los vouchers educativos.
Entre las partidas que aumentaron se encuentran el Programa 1000 días (162%) y el Seguro de Desempleo (116%). El dato es que ambos reflejan un porcentaje muy menor de la participación porcentual total: en la comparativa con 2023, el primero pasa de 0,4% a 1,2% y el segundo de 0,7% a dos.
El único ítem significativo que realmente tuvo un aumento es la Asignación Universal por Hijo (30%), que se duplicó en poder de compra, pero con un atenuante: por las condiciones para acceder al programa, la mayoría de los “beneficiarios” reciben también la prestación Alimentar, que cayó en la ejecución presupuestaria (17%). El poder adquisitivo de estos programas es un 44% mayor en términos reales y está levemente por debajo de principios de 2023. Pero el informe, a su vez, marca un interrogante en relación al futuro: el presupuesto 2025 presenta una derogación de los artículos que hoy calculan los montos, cuya designación quedaría en las manos arbitrarias del Anses.
Todo el resto de las asignaciones sufrieron una fuerte rebaja. La Beca Progresar, única a nivel nacional, pasó de una cobertura de 1.472.438 jóvenes en el primer semestre de 2023 a cubrir 1.023.242 estudiantes en la primera parte de 2024. También cayó su monto real: la partida estuvo congelada hasta agosto y el aumento, en ese mes de 75%, deja a la beca con una caída del 31% interanual. En el presupuesto, la figura del Progresar cayó un 68%.
El Programa Potenciar Trabajo (actualmente dividido en dos: Programa Volver al Trabajo y Programa Acompañamiento Social) sufrió una caída del poder adquisitivo del 58% a partir de mantener congeladas las transferencias, con la licuación de la inflación. La Pensión No Contributiva por invalidez registró una pérdida de 5,7%. Las partidas presupuestarias designadas a las Asignaciones Familiares cayeron un 23% mientras que el programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a mujeres y LGBTI+ en riesgo por situaciones de violencia de género, cayó el 87%.
La línea política
El informe delinea la orientación política y las concepciones sociales que se desprenden de estos recortes. El concepto de “Capital Humano” sugiere un “enfoque mercantilizador”, que desarrolla “dispositivos que promueven un tipo de asistencia que tiene el objetivo de reinsertar a las personas en el mercado de trabajo, bajo el supuesto de que los problemas de empleo tienen su causa en un déficit de capital humano individual, ofreciendo prestaciones que buscan capacitar a las personas para el trabajo”.
El mismo informe del IPyPP denuncia una lógica “anticolectivista” de la política asistencial de Milei, al dejar de lado a las organizaciones sociales y su conocimiento de los barrios y el territorio. De hecho, este recorte es acompañado por una permanente estigmatización de estas agrupaciones. Dice el texto: “La nueva administración de gobierno de La Libertad Avanza declaró, desde su arribo, el objetivo de eliminar la mediación de las organizaciones sociales en la implementación de las políticas, fundamentando que se trataba de ‘gerentes de la pobreza’ (…). Parte de este posicionamiento abarcó la criminalización de la protesta social al incluir en la normativa de los nuevos programas sociales (…) la advertencia de que se daría de baja a titulares que participaran de dichas protestas”.
Ni la política social ni la orientación económica esbozan un intento de terminar con la problemática del hambre y la pobreza. El aumento de la AUH+Alimentar no representa más que una aspirina para una enfermedad terminal: en dinero de hoy, se trata de un aumento de $ 41.939 ($ 94.584 en la asunción de Milei y $ 136.523 ahora). Ninguna otra política podría ser considerada, ni por asomo, positiva, con salarios pulverizados y “el ajuste más grande de todos los tiempos”. Todo mientras las grandes empresas de este país quintuplican sus ganancias, según reflejó IPyPP en un informe anterior.
La lógica del gobierno parece más bien clara: si hay hambre que no se note, que no se exponga. De allí se desprende la estigmatización mediática y la criminalización de la protesta para callar las voces críticas y vaciar la calle. Que dirigentes sociales como Eduardo Belliboni y una parte importante de sus compañeros de la Mesa Nacional del Polo Obrero están procesados en una causa judicial con un sinfín de irregularidades no puede escindirse de esta política económica y social.
Esta semana las organizaciones sociales y piqueteras tuvieron varias instancias de lucha. Una de ellas fue encabezada por el Frente de Lucha Piquetero en La Matanza, el martes. Allí se realizó un acampe cuyo lema principal era “Por una Navidad sin hambre”. La bandera de adelante decía, arriba de todo, “Fuera Milei”.
Mientras que la pobreza y el empeoramiento de las condiciones de vida afectan a cuatro millones más que en noviembre de 2023, un puñado de empresarios y financistas está realmente de fiesta.
El objetivo del gobierno de Milei fue vincular de nuevo a la economía argentina al flujo financiero global, relación que estaba cortada desde 2018. Ese era uno de los reclamos más fuertes de la patronal concentrada del país, para la cual la libertad para fugar capitales es una prioridad.
Esta definición no es un capricho: la vinculación con los mercados de deuda suele ser el puente para el ingreso de capital especulativo y, al mismo tiempo, es la puerta para que las empresas que operan en el país puedan tomar deuda en el exterior a tasas más bajas que las locales, dinero que no necesariamente va a inversiones productivas. Unos y otros fugan, incluidas las personas, apenas las condiciones cambian.
Mientras tanto, la especulación estalla, como el verano. Se multiplican las formas para lograrlo, con la bicicleta como la más conocida y recurrente. Se trata de algo muy sencillo que los mesadineristas cubren de sofisticación: mientras la renta en dólares sea más baja que la de los pesos, se quedan en moneda nacional. Cuando cambian las condiciones -como en marzo y abril de 2018- devuelven los pesos para comprar dólares y fugarlos.
El sector empresario en general también ha ganado con las políticas de Milei, por medio de un mecanismo que no se ve y es poco conocido, pero que es tan real como la miseria: la transferencia de ingresos. Se explica con que los hogares usan una parte cada vez más elevada de sus ingresos para pagar sus gastos corrientes. Los que podían ahorrar, dejan de hacerlo (el último dato: la mitad ya no puede ahorrar) y los que no accedían al ahorro dejaron de consumir. A cambio, la industria concentrada logró ingresos extraordinarios a pesar de vender menos, simplemente por el aumento de los precios. Este esquema de ganancias fáciles a costa del bolsillo de la población vale también para las privatizadas, que con Milei han vuelto a encontrar un paladín de su causa.
Se trata de un sistema de rapiña de corta vida.
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