La pobreza sigue creciendo, pero el gobierno rechaza declarar la emergencia social

La manifestación de los movimientos sociales y las centrales sindicales del viernes pasado en favor del tratamiento de una ley de emergencia social puso de relieve una manera de ver la salida de la pobreza, sobre la base de un complemento salarial que ayude a los trabajadores no registrados y desocupados a alcanzar el salario mínimo vital y móvil. Pero como señala Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires y experto en el tema, el problema de la pobreza está vinculado a una caída del poder adquisitivo de los trabajadores, quienes han recibido incluso un paliativo del Estado pero que no alcanza a suplir la carestía. «El gobierno de Macri extendió la Asignación Universal por Hijo, aplicó la devolución del IVA a la canasta básica y aumentó el seguro por desempleo, entre otras medidas. Pero el problema es que hubo un ajuste económico muy fuerte, se desacomodó la estructura económica en general y en cambio la compensación fue pequeña. Hay más planes sociales, pero están lejos de cubrir las necesidades. Por ejemplo, para no ser pobre una familia debe ingresar mensualmente 12.500 pesos; el gobierno extendió la AUH, pero son 1000 pesos. Lo que se está discutiendo ahora con la emergencia social es agregar 3600 pesos para cada cooperativista y la mitad de la gente que trabaja gana menos de 8000 pesos. Aún extendiendo los planes sociales se está muy lejos de cubrir la canasta de pobreza, porque es muy poca plata. Son paliativos que no alcanzan», aseguró.
Arroyo también consideró que «los trabajadores no registrados se mueven en una economía de complementos: distintas changas que permiten, sumadas, alcanzar una cifra cercana a la línea de pobreza.» El problema actual, asegura, es que trabajadores formales, especialmente de los sectores de la construcción y textil, pasaron a la informalidad al perder sus trabajos, desplazando a los anteriores informales de las changas. Al mismo tiempo, detalló que la clase media, un sector generador de las changas, se ha retirado de la demanda por la caída de sus ingresos, lo que ha provocado una merma en esas actividades. El resultado es menos changas para más pobres.
El tipo de reclamo esbozado el viernes le dio margen de maniobra al gobierno nacional para mostrarse dialoguista. Ayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que la administración de Macri «también está de acuerdo en que se debe reducir la pobreza» y, en ese sentido, señaló que el oficialismo en el Congreso tendrá una actitud positiva. «No vamos a trabar el debate en Diputados. Estamos de acuerdo en debatir, eso siempre enriquece», aseguró el funcionario en declaraciones a radio Mitre. Pero cuestionó que la iniciativa parlamentaria «plantea la creación de un millón de puestos de trabajo, pero no dice cómo se hace ni de dónde llegan los recursos», con lo que consideró que el proyecto es más «una enunciación de objetivos» que una herramienta práctica. «Así como está (el proyecto) es incompleto, es poco claro y no tan serio, pero eso no implica que no querramos debatir», enfatizó. «Hay que discutir cómo se hace, de dónde salen los recursos, si el Estado puede administrar eso o no, o si hay que generar incentivos para que se creen puestos de trabajo en el sector privado.» Este último tema ha sido uno de los caballitos de batalla del Ministerio de Trabajo, que enfatiza la necesidad de otorgar estímulos al sector privado para la creación de empleos. El acuerdo con la forma McDonald’s fue un anticipo, aunque luego anulado por la justicia, de este derrotero. La ley del emprendedor, votada la semana que pasó, facilita la creación de empleo tercerizado.
Frigerio adelantó una estrategia que podría seguir el oficialismo en Diputados: aprobar el proyecto de emergencia social con reformas, con lo cual la iniciativa debería volver al Senado, cámara que retomaría la discusión entrado el año próximo.
En un escenario electoral, Cambiemos especula con que los bríos de la oposición perderían fuerza dado que el beneficio político de la sanción de una ley así (y reformada) podría ser para el oficialismo.
Para el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, uno de los impulsores de la marcha del viernes, el proyecto de ley «es totalmente viable desde el punto de vista fiscal. En gran parte, esos recursos salen de la unificación de los programas sociales que ya existen pero que están feudalizados y muy mal administrados en distintos ministerios», aseguró. Lo de «feudalizados» apunta a los intendentes de las grandes urbes, a los que los dirigentes de los movimientos sociales como CTEP, CCC y Barrios de Pie acusan de quedarse con los fondos de los planes y emplearlos para fines diferentes.
Grabois, que también es consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano, señaló que para obtener recursos el gobierno podría «poner un fuerte impuesto al juego, subírselos a la cerveza y los cigarrillos» y que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. «Hay, claramente, alternativas financieras, pero hay que tener coraje» para implementarlas. Grabois coincide con un diagnóstico de Macri: ambos consideran que generar trabajo es la vía de salida de la pobreza. «La creación de puestos de trabajo es una necesidad insoslayable para reactivar la economía de las barriadas populares y para reconstruir un tejido social que se va deteriorando», dijo el dirigente social.
Pero en la actual coyuntura, un sector de los analistas considera que el problema pasa más por la caída de los ingresos ante la suba de precios. Según un trabajo del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), en el segundo trimestre de este año «el ingreso medio de los ocupados fue de $ 10.071, inferior a la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza por hogar (que fue de $ 11.772)». Asimismo, «el 40% de la población más pobre percibe un ingreso medio de $ 3825, inferior a la Canasta Básica Alimentaria que define la línea de indigencia por hogar (que fue de $ 4830)». Ipypp considera que la administración macrista arrancó con un nivel de pobreza del 29,5% de la población (ver infografía). Así las cosas, Ipypp consideró que la política económica del macrismo está generando «cinco nuevos pobres por minuto».
Con los ecos de la movilización del viernes resonando, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibirá a los dirigentes de los movimientos sociales mañana. Discutirán las alternativas que se abren para la sanción del proyecto de ley de emergencia social y las acciones concretas de contención de cara a un fin de año en el que las reivindicaciones de los trabajadores, tanto registrados como en negro, podría estar a la orden del día. «

Convocatoria a intendentes sub – 35

C.M.

El próximo miércoles 23, el Ministerio del Interior reunirá a los 121 intendentes de todo el país que tienen menos de 35 años. Se trata del 10% del total de los jefes comunales del país. Todos ellos fueron convocados en el Museo Histórico Nacional para reeditar una versión menor del Encuentro Nacional de Intendentes que encabezó el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; en Tecnópolis. Fuentes de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, a cargo de Lucas Delfino, explicaron a Tiempo que «cerca de dos tercios ya están confirmados, incluido dos que forman parte de La Cámpora».

En la Casa Rosada otro funcionario explicó que será para «mostrar la renovación generacional de la dirigencia municipal». Y subrayó: «No importa el partido sino el recambio.»
Por eso el PRO apuesta a sus cuadros jóvenes para la próxima elección como Delfino en Hurlingham; Evert Van Tooren en Esteban Echeverría; Alex Campbell en San Fernando; Ezequiel Pazos en José C. Paz; o Albi Czerni en Malvinas Argentinas».
En la cartera de Frigerio apuestan a «otra foto para mostrar que se cierra el año en paz social y con diálogo entre todas las fuerzas políticas». «Vendrán 70 intendentes que no son de Cambiemos», festejó la fuente aunque admitió que la apertura estará en manos del ministro de Cultura Pablo Avelluto.