Advierten que si las petroleras suben en exceso los precios, deberán trasladar los costos a sus clientes.
Curiosamente, los que esgrimen el dicho son sus pares de otros rubros empresarios, que temen que aprovechen la liberación de los combustibles para remarcar a gusto después de las elecciones y provocar un descalabro en los ya de por sí cuestionados «costos» de las empresas.
Las firmas consumidoras de combustibles se sienten en una posición incómoda. Reducen al mínimo cualquier observación sobre las decisiones de Balcarce 50 pero no pueden evitar que la preocupación se note: saben que, puesta en las manos equivocadas, la potestad de formar precios tan importantes para las cuentas puede traer consecuencias indeseadas.
En la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), el secretario Mario Grinman consideró que en este caso debería existir un mecanismo de control estatal que filtre cualquier intento de las petroleras para imponer su dominio en un área tan sensible. Grinman antepuso que la CAC promueve los principios de la libertad económica y la defensa de la iniciativa privada. En ese sentido aclaró que están de acuerdo con la desregulación del combustible pero también reconoció que «esperamos que las petroleras no se pongan de acuerdo para establecer precios comunes».
Para el también presidente de la Federación Económica de Entre Ríos, el deseo de los comerciantes es que las productoras compitan «para ver quién ofrece el mejor combustible al mejor precio», aunque apeló por segunda vez «a la responsabilidad de las petroleras que de alguna manera son las que tienen que marcar una diferencia y no deberían incurrir en prácticas de cartelización», lanzó.
Ante la hipótesis de que los abusos se produzcan, los empresarios sugieren propuestas de intervencionismo que se alejan del «libre mercado» que dicen defender las compañías privadas.
Para Grinman, «el Estado deberá tener injerencia si surgen casos de cartelización, como hizo con las tarjetas de crédito en el caso Prisma. Esa empresa incurrió en abuso y, luego de la intervención del gobierno, debió desinvertir», comparó.
En realidad, la administración nacional maneja alternativas de mecanismos para evitar que el peso de las petroleras facilite remarcaciones, pero la fama de esas firmas pesa más en el imaginario colectivo. La alarma principal se enciende en torno a los costos logísticos, cuya demanda atraviesa toda la economía: no sólo al comercio y a los servicios, también al agro y a la industria, que vienen desarrollando un intenso lobby para minimizar la incidencia de esos precios en las cuentas de las corporaciones. El sector transportista, como los mercantiles, destaca la medida del gobierno de desregular el sector pero reconoce que existe «preocupación ante la chance de que aumenten los precios». El secretario de Comunicaciones de la Federación de Empresas del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Juan Aguilar, señaló que «nuestra preocupación podría ser que haya un impacto en los precios, pero la desregulación debería descomprimir», evaluó en diálogo con este medio. Si los precios suben, «sería complicado porque tendríamos que trasladar el costo a nuestros clientes», aseguró el directivo, quien confió en que el tema se está dialogando en las mesas sectoriales.
En la industria fueron todavía más cuidadosos. Un vocero de la UIA consideró «prudente esperar a que las cosas pasen. Se incorpora la volatilidad pero ya no dependeríamos de una regulación», moderó. «
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