Los vecinos habían denunciado que salían olores nauseabundos. Una inspección judicial verificó que el lugar funcionaba a pesar de contar con una clausura vigente y que había cuerpos sin la debida refrigeración.
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), interinamente a cargo de Hernán Biglino, ordenó una inspección en el Sanatorio Ramón Cereijo de la Red BASA, a raíz de las denuncias de vecinos por la generación de olores fétidos que afectaban a las viviendas linderas, y perjudicaban las condiciones medio ambientales, señaló un comunicado oficial.
La inspección fue realizada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad, con la participación de inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), Dirección General de Control Ambiental (Dgconta) y personal del Ministerio de Salud.
En el procedimiento se verificó que el establecimiento funcionaba a pesar de la vigencia de una clausura impuesta por la DGCFyC con fecha 21/09/2021, y se pudo establecer que los olores nauseabundos provenían de un sector donde se mantenían siete cadáveres sin la debida refrigeración y condiciones de mantenimiento.
Se verificó también que todas las muertes fueron por causas naturales, constatándose que el fallecimiento más antiguo tenía más de un mes.
Se dispuso el cese de la actividad del sanatorio, con la clausura preventiva del recinto donde se encontraban los cuerpos, previa constatación de las causales de los óbitos y de la documentación pertinente, hasta que se cumpla con la intimación de reubicación en otro establecimiento en condiciones o provisoriamente en la Morgue Judicial, con la correspondiente información a los familiares y al juzgado interviniente.
Además, se procedió al secuestro de documentación y elementos de las maniobras ilícitas constatadas, que el fiscal Biglino las calificó como constitutivas de las contravenciones previstas en los arts. 56 y 82 inciso «a» del Código Contravencional, imputando al Director del Sanatorio, como así también a la persona jurídica que explota el establecimiento. El caso quedó en manos del el Juzgado PCyF 27, a cargo de Carolina de Paoli.
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