Un diputado oficialista de JxC se plegó a la medida porteña y busca que la enseñanza y las comunicaciones escolares se centren en lo que dicta la RAE.
“No se trata de una prohibición sino de dar un marco rector en líneas de educación”, sostuvo el diputado provincial Luciano Angelini (Pro), autor del proyecto. Y consideró: “la enseñanza debe ser dada conforme a la lengua, que es el español y está regida por la RAE”.
“No queremos prohibir absolutamente nada, sino que queremos que se enseñe como indica el organismo rector y cuando sean más grandes, los chicos tengan la posibilidad de hablar como ellos quieran con absoluta libertad”, agregó.
La iniciativa que tomó estado parlamentario esta semana lleva el nombre «Uso correcto del idioma español en las escuelas» y está firmado por diputados de la bancada de la Unión Cívica Radical, que responden al gobernador Gerardo Morales.
«Es necesario regular el uso del denominado ‘Lenguaje Inclusivo’ cuando se manifiesta con expresiones erróneas», postula el texto. E indica que «deberá ser aplicado por los docentes en las actividades de enseñanza, dentro y fuera del aula, así como en las comunicaciones institucionales internas y externas del establecimiento educativo».
El proyecto señala que la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Educación de la provincia, que deberá «realizar un informe anual que detalle la evolución en la comprensión oral y escrita de la lengua española».
Derechos y urgencias
Luego de conocerse la iniciativa, docentes e investigadores universitarios y actores y actrices de distintos sectores manifestaron su preocupación: “no existe ninguna evidencia científica ni pedagógica que dé cuenta que el lenguaje inclusivo dificulte el aprendizaje o lo obture”.
“Por otro lado, el control sobre el trabajo docente no hace más que acentuar un mecanismo de regulación de tipo verticalista y las segmentaciones que este puede generar”, enfatizaron en un pronunciamiento firmado por el Área Académica de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju, el Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju, las cátedras Sociedades Complejas y Campesinas y la de Sociología de la Educación de la Unju, Trabajadoras Organizadas en la Economía Popular de Jujuy, Colectiva de Actrices Jujuy, Movimiento Teatro del Oprimido Tilcara, entre otros..
Remarcaron que adherir a lo estipulado por la Real Academia Española viola al menos dos derechos fundamentales: “La prohibición del lenguaje inclusivo no solo atenta derechos educativos (Ley 26.150), además niega la posibilidad de cientos de niñeces y adolescencias a ser nombradas (Ley 26.743)”.
Y concluyeron que existen otras urgencias en las escuelas y colegios de Jujuy que no fueron atendidas por las y los legisladores y que tienen que ver con “infraestructura en deterioro, falta de gas, inexistencia y parquedad de alimentación básica, despidos injustificados de docentes, y sueldos docentes por debajo de la línea de pobreza”.
Audiencia en Ciudad de Buenos Aires
En CABA empezaron las audiencias por la prohibición del lenguaje inclusivo, que no contaron con la presencia de la ministra de Educación, Soledad Acuña. “Quedó muy claro que la postura del Ministerio de Educación es la de prohibición de alguna de las formas del lenguaje inclusivo como la X, la E ó el arroba, que son aquellas que permiten nombrar a las personas no binarias. Ante la consulta del Ministerio Público Tutelar y de la jueza, los funcionarios de la cartera educativa reconocieron que en el caso de les docentes la restricción no sólo rige durante los momentos de clase sino desde que ingresan al ámbito escolar; y les estudiantes serán evaluadxs en sus escritos y presentaciones, en lo que desde el Ejecutivo porteño llaman ‘el correcto uso del lenguaje’. Esto representa una grave exclusión en la educación pública”, manifestó al término de la audiencia la diputada porteña Laura Velasco (FdT), que integra las comisiones de Educación y Mujeres, Géneros y Diversidad en la Legislatura.
“Esta medida no sólo es contraria a la Constitución Nacional, sino también a la de la Ciudad que plantea la perspectiva de género. También va en contra de las leyes de ESI – a 15 años de su sanción-, de la de Identidad de Género y de la que hoy permite en nuestro país el DNI no binario. Y nos obliga a estar alertas porque en la resolución la Soledad Acuña dice que algunas de estas expresiones podrían ser espejo de una ideología, lo que nos lleva a pensar en esa expresión ‘ideología de género’, en una bolsonarización de la política en contra de pensar una Ciudad y una Argentina más inclusivas”, aseguró la legisladora.
Y concluyó que no existe aval académico ni científico que diga que la circulación en las escuelas del lenguaje inclusivo perjudique el aprendizaje de la lectoescritura ni las practicas del lenguaje: «Si las evaluaciones salieron mal, Acuña debería preguntarse por qué se redujo en 12 puntos porcentuales el presupuesto educativo, por qué tenemos escuelas sin gas en la ciudad más rica del país, por qué transitamos la pandemia sin computadoras ni conectividad en los barrios populares y por qué faltan decenas de miles de vacantes”.
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