En un hecho histórico, organizaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia reclamaron ante la OCDE en Berlín por la "responsabilidad de las grandes agroquímicas".
En el sur de Brasil, dentro de los límites del estado de Paraná, la investigadora Larissa Bombardi documentó 3723 casos de intoxicaciones entre 2007 y 2014. Concluyó que «proporcionalmente, los indígenas son los que más sufren las consecuencias de los productos químicos agrícolas en el país». En eso de expandir la producción de soja a cualquier costo también anda Bolivia, que ya alcanzó la tercera tasa de pérdida de bosque primario más alta del mundo: solo por detrás de Brasil y la República Democrática del Congo.
Con nombres propios y datos rigurosos, consecuencia de más de dos años de investigación articulada, representantes de cuatro organizaciones civiles de la Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia viajaron hasta Alemania y presentaron, junto a dos ONG locales, una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra el gigante Bayer para que rinda cuentas por los graves impactos en el ambiente y los Derechos Humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica. «El mundo tiene que saber lo que sufren los pueblos del Cono Sur por responsabilidad de las grandes agroquímicas», fue el mensaje consensuado por el contingente.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por Argentina, la brasileña Terra de Direitos, BASE-IS de Paraguay y Fundación TIERRA por Bolivia, más las alemanas Misereor y ECCHR, demandaron a Bayer por «sus actividades empresariales de producción y distribución tanto de sus semillas de la soja genéticamente modificada como de sus plaguicidas con ingrediente activo de glifosato en el Cono Sur Latinoamericano». La estrategia incluyó hacer coincidir la presentación de la queja con la asamblea anual de accionistas y así obligar al consejo directivo de la empresa a responder al reclamo. Para entender la acción conjunta de las organizaciones es necesario saber que existen estándares internacionales en materia de empresas y Derechos Humanos como los Principios Rectores de la ONU y las líneas directrices de la OCDE, organismo dedicado a diseñar políticas económicas y sociales «que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas». Alemania adhirió, por lo que sus empresas tienen el deber de respetar el derecho al ambiente sano, asegurando que sus productos no estén vinculados a impactos negativos. Este proceso se conoce como debida diligencia. Lejos de cumplirlo, las grandes corporaciones agrícolas, según ECCHR, «están maximizando sus beneficios económicos a costa de las poblaciones del Cono Sur y de la naturaleza».
Las organizaciones pidieron que Bayer acceda a una mediación sobre las políticas de debida diligencia y sus obligaciones extraterritoriales que asegure un desarrollo sustentable. «En todo el Cono Sur, en 2023 los productos de Bayer-Monsanto profundizaron el daño que producen en la calidad del ambiente y de la vida de las personas –expresó Luna Miguens, del CELS–. En Pergamino, donde la empresa tiene la Estación Experimental Fontezuela, las fumigaciones en temporada de siembra se realizaban al lado de las casas, sin cuidados fundamentales como las distancias mínimas, o considerar la dirección del viento, hasta que una cautelar estableció una zona de amortiguación de mil metros».
Verdaderas armas químicas
Argentina argumentó la afectación a la salud asociada a los productos de la empresa Bayer con la lucha de Sabrina Ortiz, que empezó junto a su familia en 2011 con las alergias y afecciones respiratorias causadas por las fumigaciones en los campos de soja linderos a su casa y que derivó en el procesamiento de tres productores rurales y dos funcionarios municipales de Pergamino.
«Elegimos el caso de Sabrina porque está probado que el producto que utilizaron quienes hoy están imputados a la espera de la realización del juicio oral, en donde Sabrina es víctima y querellante, son de la marca Bayer Monsanto –explica la abogada del CELS María José Venancio–. También porque es un ejemplo de lo que ocurre en la Argentina; los casos que llevan los otros países son de comunidades rurales, y este es un caso periurbano que muestra que las afectaciones a la salud y al medioambiente son un problema de todos».
La paraguaya BASE-IS decidió contar el drama de la Colonia Yerutí Ñu, en la frontera entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú, y de Colonia Yvype, en el departamento de San Pedro, para visibilizar cómo las comunidades rurales «están padeciendo desalojos ilegales, ataques armados, intoxicación por fumigaciones y criminalización, todo ello con el fin de garantizar el avance de la soja».
Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra, explica que, en el caso boliviano, «la queja se basó en un impacto ambiental muy concreto, como es la deforestación de bosques primarios y de la zona de la Amazonia boliviana a causa de la expansión acelerada de un modelo de monocultivo de soja». Y detalla: «desde el año 2011 en adelante hubo al menos 2,6 millones de hectáreas deforestadas y un 25% de esto fue para la producción de soja. Por eso nos importa que se conozcan las responsabilidades que tiene la empresa en este hecho».
Terra de Direitos recupera en su alegato contra Bayer un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual confirmó que el pueblo guaraní «vive en una situación de confinamiento territorial y restricción del modo de vida indígena que también resulta en una taza alta de suicidios de sus integrantes y en condiciones que privan a los guaraníes de una vida digna».
Paraná es el segundo estado productor de soja en Brasil. Allí se ubican tres aldeas ava-guaraníes que deben lidiar con la impiedad de fazendeiros o patrones de las estancias. «Los mismos plaguicidas usados en las fumigaciones –dice la denuncia que llegó hasta Alemania– se utilizan a veces como verdaderas armas químicas de intimidación y violencia». «
Christian Schliemann es abogado y codirector del Programa Empresas y Derechos Humanos del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), una de las dos ONG’s alemanas que acompañó el reclamo sudamericano contra Bayer.
«La empresa tiene como eslogan que va a alimentar al mundo con sus productos, lo que hemos trabajado en los últimos dos años en los cuatro países de Latinoamérica es que al final el impacto es el contrario, están produciendo cantidades amplias de soja que no se utilizan para los seres humanos sino como alimento para animales», destaca Schliemann. Y agrega: «La percepción de Bayer ha cambiado en Alemania y en la Unión Europea luego de la fusión con Monsanto. La idea era asegurar la supervivencia de la empresa en un mundo ultra centralizado con oligopolios, pero no funcionó tan bien, hay muchos juicios en los Estados Unidos que han causado una pérdida enorme de dinero, lo que ha llevado a Bayer a una situación difícil en términos financieros por primera vez en mucho tiempo».
Abel Areco es director de Base Investigaciones Sociales (IS), una asociación sin fines de lucro de Paraguay dedicada al análisis de la realidad rural, algo que no le resulta ajeno. «Yo soy hijo de campesinos –relata–, vivía en el municipio Horqueta, en el departamento de Concepción, y tenía que andar 20 kilómetros para ir a estudiar a la facultad. Conozco muy bien cómo es la vida en el campo y sus sacrificios”.
Ya recibido de abogado, desde 2009 asesora a organizaciones campesinas e indígenas en materia agraria y socioambiental; en la gestión de tierras y en casos de violación de leyes, denuncias y acompañamiento jurídico. Pero toda la experiencia acumulada no le alcanza para evitar emocionarse al recordar a Silvino Talavera, un chico de once años que murió en 2003 por el contacto con los venenos.
«El nene iba al almacén a comprar carne para el almuerzo y, literalmente, un mosquito lo fumigó encima (se quiebra). Ese caso es un atropello, un atentado demasiado grave. Hay un discurso de que los agroquímicos no hacen daño, que no son venenos, sin embargo, los propios fabricantes te ponen una etiqueta en los productos que dice que te hacen daño. Era un niño que un día había ido a hacer un mandado y terminó muerto por el modelo, por la irresponsabilidad».
Areco participó en la causa judicial de Colonia Yerutí Ñu, donde en 2011 murió Rubén Portillo y varias personas fueron internadas, luego de una intoxicación con agrotóxicos. El caso fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que emitió un dictamen favorable a las víctimas y condenó al Estado paraguayo. Sin embargo, la Colonia sigue siendo una de las zonas de mayor expansión del agronegocio, rodeada por antiguas haciendas ganaderas que, desde aproximadamente 2005, se dedican al monocultivo extensivo y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificada, arrinconando a las familias campesinas en pocas hectáreas y haciéndolas sufrir pérdidas por las constantes fumigaciones.
“Como abogado ya tuve muchas decepciones. Incluso en algún momento me arrepentí de haber estudiado Derecho porque al final la fuerza del poder económico te aplasta, uno no ve una mínima justicia. La muerte de Portillo ocurrió en el 2011; en 2019 salió el dictamen del Comité, algo que fue celebrado por ambientalistas y abogados y que todavía se discute en las mejores facultades del mundo porque Paraguay fue el primer país condenado por no cumplir su papel de vigilancia en relación a los productores de monocultivo extensivo. Pero hasta hoy, las víctimas no tienen ninguna reparación y el modelo cada vez avanza más. Ellos mismos te dicen ‘yo sigo acá porque no tengo dónde irme'».
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