El Movimiento Campesino de Santiago del Estero se declaró en alerta ante cualquier “escalada de violencia” tras la derogación del decreto 1083/2024 de Javier Milei que habilita los desalojos. “Se trata de uno de los embates y retrocesos más retrógrados, discriminatorios y excluyentes de los últimos 30 años de la historia de nuestro país”, señalaron.
Además, se declararon en “Estado de Alerta Permanente” frente a cualquier “escalada de violencia” que pueda provocarse a partir de esta medida por parte del gobierno Nacional. “No permitiremos que sean atropellados los derechos de nuestras comunidades indígenas en ninguno de los rincones del territorio provincial”, señalaron.
“Esta derogación representa un atropello a los Derechos y Garantías establecidos en la Constitución Nacional, al Art. 75 inc. 17 y los tratados internacionales de jerarquía constitucional”, expresó el Mocase en un comunicado. Y completó: “Se trata de uno de los embates y retrocesos más retrógrados, discriminatorios y excluyentes de los últimos 30 años de la historia de nuestro país”.
El Movimiento Campesino remarcó que la derogación por decreto “representa un atropello a los demás poderes del Estado, que son responsables de resolver el fenómeno de los conflictos de tierras”.
Y remarcaron: “Nunca puede concebirse que la solución es apartarse del problema y negarlo, permitiendo de manera absolutamente parcial que se ejecuten sentencias de imposible cumplimiento”.
“Es la falta de acceso a la justicia y a los soportes técnicos probatorios, los que permiten que se configuren sentencias que no respetan el debido proceso, ni la igualdad de las partes”, destacaron.
Por eso, remarcaron que el decreto 1083/2024 de Milei que deroga la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial “solo acrecienta la conflictividad, puesto que ninguna familia va a renunciar a su tierra sin resistir, sin luchar”.
“La solución no es mayores niveles de violencia, sino compromiso, diálogo e ingeniería institucional para que se apliquen los derechos para ambas partes en conflicto, obedeciendo siempre con la rigurosidad que se merecen los principios constitucionales”, remarcaron.
En ese contexto, destacaron “el compromiso” del Estado Provincial Santiagueño en la “búsqueda de alternativas, desde el diálogo y la comprensión de las necesidades de ambas partes”.
El Decreto 1083/2024 publicado el 10 de diciembre, elimina una de las pocas barreras que aún quedaban para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios del país, en un contexto de desmantelamiento de las políticas que atendían sus reclamos y, en especial, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que, a cargo de Claudio Avruj –exsecretario de Derechos Humanos durante el macrismo- redujo al mínimo su capacidad de intervención. Según el decreto existen al menos 254 causas judiciales por desalojo contra comunidades indígenas en todo el país que podrían reactivarse.
Al conocerse la noticia referentes de comunidades indígenas aseguraron que ”con este decreto se le desatan las manos a Patricia Bullrich para que nos desaloje, nos reprima, matándonos, encarcelándonos”.
En la misma sintonía, el Mocase resaltó que “fueron reiterados los intentos de Patricia Bullrich durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y en la actualidad, en su rol de Ministra de Seguridad, de intervenir e inmiscuirse en los asuntos de nuestra provincia, despertando fantasmas de intervenciones federales y pretendiendo ejecutar medidas anti federales en jurisdicción provincial”.
“Esto siempre lo hizo, sirviéndose de las fuerzas de seguridad nacional y amenazando a la población rural santiagueña con represalias ante las exigencias de inescrupulosos empresarios que lejos están de desarrollar nuestras potencialidades provinciales y recursos”, completaron.
Según el Movimiento campesino, en la provincia del norte se avanzó en el diálogo con instituciones provinciales, empresarios e integrantes de la agricultura familiar campesino indìgena, que ha conllevado la resolución positiva de conflictos.
Por eso señalan que “la derogación es un retroceso al proceso de diálogo histórico”, así como una “marcha atrás” al reconocimiento de la propiedad de las comunidades indígenas de sus territorios. “Somos también propietarios que exigen seguridad jurídica”, señalaron.
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