Mientras el mercado inmobiliario permanece estancado para el común de los mortales, secretarios de Estado, diputados y militantes digitales con cargo público accedieron a préstamos de hasta 475 millones de pesos en el Banco Nación. El discurso contra el "Estado opresor" se desvanece en las ventanillas de la banca pública.
Los créditos más elevados se concentran en el equipo directo del ministro de Economía, Luis Caputo. El caso de mayor volumen es el de Felipe Núñez, director del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), quien en febrero de 2025 obtuvo un préstamo de 475 millones de pesos por parte del Banco Nación.
En la misma línea, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, figura como deudor de la entidad oficial por un monto de 367 millones de pesos otorgado en agosto de 2025. Furiase complementó esta operación con un segundo crédito de 100 millones de pesos proveniente del Banco Ciudad. Ambas transacciones se realizaron poco después de que los funcionarios asumieran sus cargos en la estructura económica nacional.
La lista de beneficiarios incluye a personal de la Secretaría General de la Presidencia y diputados nacionales que han sido piezas clave en la estrategia parlamentaria oficialista:
Todas las operaciones mencionadas fueron suscriptas durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación. Según los registros, estos préstamos han sido utilizados, en su mayoría, para la compra o ampliación de viviendas permanentes y segundas residencias.
Desde el punto de vista técnico, la recurrencia de funcionarios públicos solicitando créditos en la banca que ellos mismos administran o supervisan es un punto de análisis para la Justicia Federal. Habitualmente, estos instrumentos son presentados en las declaraciones juradas para justificar la evolución patrimonial y la adquisición de bienes raíces. Desde los despachos oficiales han manifestado que las operaciones cumplen con todos los requisitos de solvencia y que la documentación se encuentra a disposición de los organismos de control pertinentes.
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