Schiappa Pietra y Edery resaltaron que el asesinato del contador Enrique Ensino en el City Center es el hecho resonante que desnuda un esquema de complicidades entre la organización criminal nacida en La Granada y funcionarios del Estado, algunos condenados, cuyos nombres explicitaron.
Ese es el núcleo del juicio que comenzó este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario pero, de acuerdo a lo que expresaron los fiscales del caso en una conferencia de prensa previa, el hecho sangriento permitió sobre todo indagar una amplia trama de corrupción judicial y política ligada al juego clandestino y a organizaciones criminales que, además del negocio de narcomenudeo, obtienen ganancias del cobro de protección mafiosa y ofrecen su estructura violenta como servicio a terceros.
El fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery, aseguró que la investigación del caso tiene al asesinato de Ensino como “uno de los hechos salientes”, pero también permitió dilucidar “una serie de extorsiones” a otros comercios en la ciudad y “dio origen a la investigación sobre corrupción política y judicial en la provincia de Santa Fe” que, según especificó, tiene como involucrados a integrantes del Poder Judicial y a un senador provincial.
La referencia fue explicitada junto a su par Luis Schiappa Pietra, hacia el destituido fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, ya condenado y que será testigo en este juicio; también apuntaron al relevado jefe regional de fiscales Patricio Serjal y al senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri.
Edery destacó que esa trama de corrupción y violencia ligada al juego clandestino ya fue parcialmente develada en su vinculación judicial, con la condena de Ponce Asahad y del empleado Nelson Ugolini y con el proceso en las puertas de un juicio contra Serjal. Agregó que la salida a la luz de las ramificaciones políticas está por el momento frenada y “a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” sobre los fueros parlamentarios de Traferri, tema sobre el que hubo numerosas idas, vueltas y cruces entre Poderes provinciales.
El tribunal que lleva adelante el juicio iniciado este jueves está compuesto por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Benítez. Los acusados son el líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, los integrantes de la banda Maximiliano “Cachete” Díaz, Carlos Damián “Toro” Escobar y Otniel De León “Dominicano” Almonte, más Rodrigo Ortigala por la serie de extorsiones que la Fiscalía intentará probar.
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery ratificaron que para Cantero –preso y que suma condenas por más de 100 años– pedirán una pena de 22 años de cárcel, y menores para los otros tres sentados en el banquillo: entre los 18 y los 22 años.
Parte de las evidencias que los fiscales debatirán en el juicio se fundan en escuchas telefónicas en las que Cachete Díaz habla con Guille Cantero, quien se sirve de un teléfono fijo de la prisión de Marcos Paz, y con Toro Escobar, preso en el penal de Ezeiza.
El hecho ocurrió el sábado 11 de enero a las 22.30, cuando Encino salió a fumar un cigarrillo a un balcón que da a calle Moreno y desde una moto dos personas descargaron una ráfaga de seis tiros contra el casino, uno de los cuáles le impactó en la cabeza y le produjo la muerte horas después.
Tal como publicó Télam, parte de las evidencias que llevaron al juicio a integrantes de Los Monos se fundan en escuchas telefónicas en las que «Cachete» Díaz habla con «Guille» Cantero -que utiliza el teléfono fijo de la prisión de Marcos Paz- y con «Toro» Escobar -preso en el penal de Ezeiza-.
«Toro» Escobar fue acusado como partícipe primario del crimen, por lo cual los fiscales pidieron que se lo condene a 20 años de prisión efectiva; mientras que para «Cachete» Díaz, a quien ubican como la persona que armó el plan criminal, solocotaron tamién 20 años de cárcel y para Almonte, 18.
Finalmente el quinto acusado, Ortigala, quien fue testigo en la causa que terminó con la condena de narco Esteban Lindor Alvarado, no tiene relación con el crimen pero sí aparece en la investigación como el presunto instigador de una extorsión que llevaron a cabo integrantes de «Los Monos» en perjuicio de Pablo F., un empresario gastronómico del centro de Rosario.
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