La ley de interrupción voluntaria del embarazo espera ser aprobada este año

Por: Maby Sosa

Tres integrantes de la Campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito dialogaron con Tiempo Argentino sobre el estado de situación del proyecto y de la salud sexual en el país.

Un pañuelo verde proyectado en la parte frontal del Congreso de la Nación iluminó la noche del 19 de febrero a las miles de mujeres que renovaban su pedido por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Fue aquella la primera gran y masiva acción del movimiento feminista.

En aquel pañuelazo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ratificó el històrico pedido a pesar que desde el Poder Ejecutivo ya se había planteado que este año, una de las primeras acciones era la presentación del proyecto IVE ante el Congreso, que no sucediò por el contexto político y sanitario que desencadenó la pandemia.

“El 1 de marzo, en la apertura de las sesiones legislativas, el presidente de la Nación, dijo que ‘en los proximos días’ enviaría el proyecto. El contexto de pandemia, crisis y aislamiento hizo que tengamos que repensar nuestras acciones. Nosotras seguimos movilizadas, trabajando día a día y hemos generado instancias virtuales de capacitación en derechos para docentes, profesionales de la salud y público en general, con masiva participación. Nunca descansamos en promesas, tenemos más de 15 años peleando por este derecho y tenemos un proyecto presentado que exigimos sea debatido y aprobado por el Congreso de la Nación”, dice la actividas feminista e integrante de la Campaña, Agustina Vidales Agüero.

“Hace dos años, el Congreso de la Nación perdió la oportunidad histórica de saldar la deuda que tiene la democracia con todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. No estuvieron a la altura de les millones que nos movilizamos por este derecho y al otro día de la votación en el Senado, ya estábamos contando una nueva muerte por un aborto clandestino. Esta semana, contamos la última, en Junín, provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas historias más de vulneración del derecho a la vida tenemos que contar?”, continúa. “Como Campaña Nacional seguimos reclamando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de salud pública, justicia social y Derechos Humanos; por eso, en 2019 volvimos a presentar el proyecto de Interrupcion Voluntaria del Embarazo, en la Cámara de Diputados, un texto que reúne los aportes del debate social que vivimos en 2018”, detalla.

Especulaciones y urgencias

“El proyecto por el aborto es un tema que tenemos que resolver, pero es  una convicción que yo tengo y lo voy a mandar en cuanto se pueda”, dijo el presidente estasemana en una entrevista radial, luego de que varias especulaciones que afirmaban la presentación del proyecto «pasaba» para 2021.

La «noticia» que salió en muy pocos medios fue celebrada por un amplio sector antiderechos que el 8 de agosto había celebrado los dos años de la no aprobación de la ley. Sin embargo, el mandatario lo negó.

La docente Celeste Mac Dougall cuestiona, “El poder Ejecutivo debería responder por qué no está presentando su proyecto. Nosotras lo presentamos cada vez que pierde estado parlamentario ¿Por qué no lo está haciendo quien tiene el poder del Estado, representantes en ambas Cámaras, en los Ministerios y quienes son quienes van a garantizar la ley? Nosotras tenemos las expectativas en función en nuestra fuerza organizada, de demanda y exigencia de un derecho que sigue pendiente de ser reconocido. Hay un Congreso funcionando, hay proyectos que se están discutiendo y votando y nosotras seguimos exigiendo porque en este contexto aún más, es una necesidad y una urgencia social”.

En los meses de pandemia, hubo casos de mujeres presas por abortar, en Santiago negaron una ILE a una niña (la provincia no adhiere al protocolo) y murió otra mujer por aborto clandestino. «No podemos dimensionar las consecuencias de la pandemia en relación al acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Un estudio de la UNFPA prevé más de 7 millones de embarazos no deseados en el mundo si el confinamiento se prolonga durante 6 meses», especifica Laura SaloméCantero. «Si las medidas de aislamiento causan interrupciones significativas de servicios, alrededor de 47 millones de mujeres en 114 países de ingreso bajo y mediano no podrán acceder a anticonceptivos modernos. Sin profundizar en que hay     niñes y adolescentes pasando la cuarentena con sus abusadores».

Se estima que en el país se realizan entre 360 mil y 500 mil abortos por año, sin embargo, las mujeres siguen esperando poder hacerlos en un marco de legalidad y en condiciones sanitarias seguras.

“Tomamos como un compromiso las palabras del Presidente. No queremos más demoras, son inadmisibles. Es hora que nosotras también seamos prioridad, porque el derecho al aborto también es esencial. En pandemia, las personas con capacidad de gestar siguen recurriendo abortos clandestinos. Por eso, la lucha continua”, finaliza Vidales Agüero.

“Ante la problemática de los abortos clandestinos, desde los feminismos organizados construimos una propuesta, un proyecto hacia una ley que, cuando se sancione y reglamente, modificará material y simbólicamente la calidad de vida de mujeres y personas con capacidad de gestar que somos más de la mitad de la población”, afirma Salomé Canteros. “Una ley que extenderá ciudadanía, que reparará daños y estigmas; y que reconocerá un derecho soberano. Exigimos #AbortoLegal2020, porque es urgente, porque nos vamos a transformar en una sociedad que decide intervenir ante muertes innecesarias, que decide mirar de frente el futuro. Y en última instancia, como dice Nelly Minyersky, porque se trata de que nos devuelvan el estatus de personas. Eso es el aborto legal, nada más ni nada menos. Nosotras seguimos en la lucha: por historia y porque somos activistas de los mundos mejores que se vienen”.

Otra crisis de pandemia

Según Viviana Mazur, responsable de Salud Sexual y Reproductiva en CABA, por el contexto de pandemia bajaron las consultas con respecto a ILE. También se complicó el acceso. Desde Socorristas y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir informan quincenalmente las modificaciones de los Centros de Salud y dónde se puede acceder a las ILE.

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