La Seguridad Vial como Política de Estado: un llamado a los tres poderes

El 8 de octubre de 2006 se produjo un siniestro vial en la ruta 11, a pocos kilómetros de la localidad santafesina de Vera, en la provincia de Santa Fe, en el que murieron nueve chicos adolescentes y una profesora del colegio ECOS, que retornaban de un viaje solidario. Este luctuoso episodio tomó notoriedad y fue conocido como la Tragedia de Santa Fe.

Desde aquel momento, un grupo de familiares y amigos de las víctimas se propusieron trabajar para que “la seguridad vial se convierta en una Política de Estado”. Entiende que la tragedia ocurrió, entre otras causas, por “falta de controles del Estado, conducción bajo los efectos del alcohol y por la inexperiencia de un chofer profesional”. Con ese objetivo crearon la organización “Conduciendo a conciencia”.

Un trabajo que fue dado a conocer en las últimas horas, un verdadero manifiesto, denominado “La Seguridad Vial como Política de Estado: Un Llamado a los Tres Poderes” resume los considerandos de la organización. Plantea que “hace 18 años, nuestras vidas cambiaron irreparablemente debido a la ausencia del Estado en un tema crucial: la seguridad vial. Desde entonces, hemos trabajado incansablemente para que esta problemática se convierta en una prioridad nacional y transversal. Sin embargo, recientes medidas y propuestas nos generan preocupación, ya que no parecen responder a un enfoque integral ni coordinado”.

También asegura: “Reclamamos desde el primer día que la seguridad vial sea Política de Estado:

Poder Legislativo: Para sancionar leyes claras, firmes y coherentes que regulen el transporte, las licencias de conducir, y el uso de tecnologías de control como las fotomultas. Poder Ejecutivo: Para implementar y hacer cumplir esas leyes de manera eficiente, garantizando una fiscalización justa y efectiva. Poder Judicial: Para aplicar sanciones adecuadas y garantizar que se cumpla la ley, actuando como garante de justicia ante la negligencia y las infracciones.

En el trabajo también puntualizan “las medidas que generan preocupación”. Detallan:

• Regulación del Transporte de Pasajeros: La falta de estándares adecuados y controles rigurosos pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Es fundamental priorizar el mantenimiento, las condiciones laborales de los conductores y el estado de los vehículos y que el estado sea garante de esto y no los particulares

• Verificación Técnica Vehicular (VTV): Es preocupante la falta de fiscalización y de acceso equitativo a este servicio esencial. Debe asegurarse que todos los vehículos cumplan con las normas técnicas sin excepciones ni corrupción.

• Registro de Conducir: El sistema de otorgamiento debe ser riguroso, exigiendo una formación adecuada y evaluaciones periódicas. Otorgar licencias sin controles estrictos compromete la seguridad de todos.

• Fotomultas: Si bien son una herramienta útil, su implementación debe enfocarse en la prevención y no solo en la recaudación. Es necesario que las zonas de control estén claramente señalizadas y que el dinero recaudado se reinvierta en infraestructura y educación vial.

Finalmente insisten que “la seguridad vial debe ser una política de Estado coherente y efectiva, que trascienda ideologías y ciclos políticos. Sin embargo, vemos con preocupación que muchas de las medidas actuales carecen de responsabilidad y sentido común, poniendo en riesgo la vida de todos los argentinos. La libertad siempre va de la mano de la responsabilidad”. Afirman además que “seguiremos trabajando por este objetivo, convencidos de que la única forma de evitar más tragedias. Ese nuestro compromiso”.

Y cierran: “La seguridad en Argentina debe ser una prioridad absoluta”.