La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York ocurre tras la anulación de la sentencia que obligaba al país a pagar 16.000 millones de dólares.
Esta disposición del tribunal neoyorquino ratifica el freno a los procesos judiciales hasta que la sentencia principal quede firme. Como consecuencia inmediata, la audiencia programada para este jueves 16 de abril —donde las partes debían tratar los recursos de apelación— fue oficialmente cancelada.
El escenario actual marca un alivio financiero y estratégico para el Gobierno. El fallo de segunda instancia dictado el mes pasado había revertido la sentencia de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, quien en 2023 determinó que el país debía resarcir a los fondos privados por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la petrolera en 2012. Con una cifra importante a pagar por el Estado argentino.
Con esta nueva resolución, la Justicia estadounidense consolida la posición de la defensa argentina, postergando cualquier avance de los demandantes mientras se asienta la decisión de fondo que anuló el multimillonario pago. Por el momento, la causa entra en una etapa de quietud procesal que otorga previsibilidad a las arcas públicas frente a lo que el oficialismo calificó recientemente como un «hecho de trascendencia histórica».
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